Los secuestros extorsivos tienen un largo recorrido en la historia criminal argentina. Los primeros casos ocurridos a comienzos del siglo XX acaparaban la atención de los diarios más populares y tuvieron un nuevo auge con los casos llevados adelante por los grupos guerrilleros en los años 70, cuando se cobraron los montos de rescate más altos.

Y a comienzos de este siglo, con la fenomenal crisis del 2001, volvieron a surgir con fuerza, otra vez de la mano de delicuentes comunes que convirtieron a la privación de la libertad de personas más o menos adineradas en un lucrativo negocio.

Pero una vez que la actividad económica comenzó a mejorar y el trabajo articulado entre agencias de seguridad y Poder Judicial empezó a dar sus frutos por el desbaratamiento de bandas, esa clase de delitos comenzaron a bajar. 

Se trataba de grupos con una cierta estructura que contaban con varios integrantes. Estaban quienes realizaban la inteligencia previa de las víctimas, los que se encargaban de su cuidado, los que entablaban las negociaciones con los familiares. También contaban con medios: un sitio seguro para tener a los secuestrados más automóviles, sistemas de comunicaciones, armas y dinero para esperar el cobro del rescate.

Pero con la desaparición de los secuestros realizados por bandas más o menos sofisticadas, surgieron los llamados secuestros exprés, que tenían como víctimas personas caputaradas “al voleo” y que eran liberadas después de que sus familias reunían algo de dinero o lo que se podía retirar de un cajero automático.

Esa modalidad también disminuyó. Desde hace años la cantidad de secuestros bajan en forma paulatina. A punto tal que durante el 2022 hubo sólo 28 secuestros extorsivos en el país, lo que representa, con un promedio mensual de tan solo 2,33 hechos, la cifra más baja de los últimos siete años, según la Unidad Fiscal Especializada en Secuestros Extorsivos (Ufese).

Pero lo que llama la atención es que en la actualidad, nuevamente con una situación económica complicada, con una inflación desatada y un índice de pobreza que ronda el 40%, es que los secuestros no hayan vuelto a aumentar.

El sitio InSight Crime, que se dedica a la cobertura de temas del crimen organizado en el continente americano, se trata de buscar una explicación, que tiene también su correlato con la economía y el alza de los precios.

“Resulta sorprendente que los secuestros extorsivos hayan disminuido a pesar de los problemas económicos de Argentina. En lo que va de 2023 se ha presentado solo un secuestro extorsivo al mes. Pero hay algunos factores que pueden explicar esta caída”, sostiene el análisis.

“Dados los topes en los retiros de cajeros automáticos, que limitan la cantidad que se puede obtener durante un rescate exprés, así como la devaluación de la moneda, que implica que grandes cantidades de efectivo pierden rápidamente su valor, los delincuentes están buscando dinero a través de productos con un valor más duradero, como las drogas. Muestra de ello es el gran aumento de las detenciones por delitos relacionados con drogas: entre 2015 y 2021, los delitos de drogas en Argentina aumentaron un 127 por ciento, según estadísticas de la policía”, agrega el informe.

“Parece que en la década de 2020 el secuestro está desapareciendo en Argentina como una economía en sí misma. Los pocos secuestros que aún se presentan ya no son cometidos por criminales que viven de esta actividad”, concluye el trabajo. Según el fiscal Santiago Marquevich, titular de la Ufese, los casos que hay en la actualidad son por ajustes de cuentas entre bandas delictivas.