La violencia digital hacia las periodistas en Argentina ha alcanzado niveles alarmantes, según el nuevo informe de Amnistía Internacional titulado "Muteadas: el impacto de la violencia digital contra las periodistas". El estudio, basado en encuestas a 403 periodistas mujeres y personas de diversas identidades de género, revela que un 63,5% ha sido víctima de algún tipo de agresión en redes sociales durante los últimos seis años. Este fenómeno afecta tanto su libertad de expresión como su bienestar físico y mental, configurando un problema que las expone a constantes ataques en el ejercicio de su labor periodística.

Entre los tipos de violencia más comunes, el 98,3% de las encuestadas fue blanco de insultos, mientras que un 85,6% sufrió hostigamiento o trolling. Los casos de acoso sexual y amenazas de violencia sexual son especialmente graves, con un 45,9% de las periodistas que reportaron haber sido víctimas de estas agresiones. El informe detalla también que el 44% de las encuestadas experimentó amenazas de violencia física, lo que demuestra que los ataques no se limitan a lo virtual, sino que tienen el potencial de escalar a la vida real.

Esta violencia online no es casual ni espontánea. Según Amnistía Internacional, las agresiones tienen un claro objetivo: silenciar a las periodistas, particularmente a aquellas que tratan temas de género, derechos humanos o violencia machista. Estos temas, que abordan problemáticas estructurales como el aborto y los femicidios, suelen ser detonantes para los ataques, ya que los agresores buscan "disciplinar" a las mujeres que alzan su voz en el espacio público.

El informe también subraya cómo las plataformas digitales, inicialmente vistas como aliadas de las luchas feministas, han evolucionado hacia entornos donde el odio y la misoginia se propagan con rapidez. La capacidad de difusión y permanencia del contenido en redes sociales, sumada al anonimato de los agresores, amplifica el impacto de la violencia, haciendo que las periodistas se autocensuren para evitar nuevos ataques. Cinco de cada diez profesionales reportaron que evitan publicar ciertos contenidos por miedo a las represalias.

Los testimonios recopilados en la investigación revelan el impacto psicológico de estos ataques. Cerca del 70% de las periodistas afirmó vivir con temor constante de sufrir amenazas o violencia en línea, y un 20% buscó apoyo médico o psicológico para sobrellevar el hostigamiento. A esto se suma la precarización laboral que afecta a muchas profesionales de medios, quienes enfrentan estas agresiones sin el respaldo adecuado de sus empleadores.

Por otro lado, el informe pone de manifiesto que el 23% de los ataques provienen de figuras del ámbito político, lo que agrava el contexto de polarización y discursos de odio que caracteriza la actualidad mediática en Argentina. Estos ataques tienen un efecto disciplinador que busca socavar la credibilidad de las periodistas y desalentar la producción de noticias relacionadas con género y derechos humanos.

El acceso a la justicia también es un desafío. Sólo el 7% de las periodistas víctimas de violencia digital denunciaron los ataques ante la justicia, lo que refleja la falta de confianza en el sistema judicial para abordar esta problemática. La respuesta estatal ha sido insuficiente y no brinda las herramientas necesarias para proteger a las mujeres y diversidades de género que sufren agresiones en el entorno digital.

En su informe, Amnistía Internacional llama tanto al Estado argentino como a las plataformas digitales y a los medios de comunicación a implementar políticas que protejan a las periodistas y garanticen su libertad de expresión. Además, la organización subraya la urgencia de que las empresas que administran redes sociales sean transparentes en las medidas que toman para combatir la violencia de género en línea.

El informe de Amnistía Internacional destaca que las periodistas especializadas en género son las más afectadas por la violencia digital, y advierte que el retroceso de las agendas de género en los medios agrava su exposición. Ante esta situación, es fundamental que el Estado y las plataformas digitales coordinen esfuerzos para garantizar entornos seguros y prevenir nuevos ataques en un contexto cada vez más polarizado.