La nueva ley de la Legislatura porteña que amplió competencias del Superior Tribunal local generó cuestionamientos con base constitucional, pero también críticas por parte de los abogados, ya que en la práctica crea una nueva instancia en la Justicia Nacional, lo que en fuero laboral significaría nuevas trabas en las causas.

Los abogados laboralistas utilizan frecuentemente un latiguillo: “La justicia, cuando llega tarde, no es justicia”. Sin embargo, un juicio en la Justicia Nacional del Trabajo de la Capital Federal puede extenderse varios años.

El fuero laboral, creado en 1944, atraviesa una crisis histórica por la falta de personal, las demoras en la cobertura de vacantes y los problemas edilicios e informáticos. “Siempre fue el fuero más relegado, tanto en cuestiones de presupuesto como de personal, edilicio e incluso para el nombramiento de jueces y juezas en las vacantes que se van generando”, explicó a Data Clave Matias Cremonte, integrante de la Asociación de Abogados y Abogadas Laboralistas.

Antes de la pandemia, un proceso podía extenderse entre 3 a 5 años, pero estos tiempos se prolongaron y las causas se acumulan en los juzgados. Aunque no existen relevamientos oficiales, las entidades que nuclean a los abogados calculan que el promedio actual de un expediente judicial va de 5 a 7 años.

Cremonte, quien también ocupa la vicepresidencia de la Asociación Latinoamericana de Abogados Laboralistas, explicó que la justicia debería dar una respuesta “celérica” con “procesos rápidos”, pero que las demoras actuales “empujan a los trabajadores a renunciar a muchos de sus derechos a cambio de una satisfacción inmediata”.

La Justicia Nacional del Trabajo actualmente cuenta con 80 juzgados y 10 salas de apelaciones. Los matriculados reconocen que si la suerte está de su lado, la causa puede recaer en alguno de los pocos juzgados sin retraso, los que, según las organizaciones profesiones, representan alrededor del 5 por ciento de las dependencias. Aquellos menos afortunados deben "padecer las demoras" en el dictado de sentencias y en la tramitación de causas en general.

Pablo Dameschik, abogado y director del Instituto del Derecho del Trabajo del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, coincide que el principal problema del fuero es la demora excesiva que padece el trabajador despedido, enfermo o accidentado.

Ante de acudir a los tribunales, el trabajador también debe transitar un largo camino que se inicia con el intercambio telegráfico y la instancia obligatoria del Servicio de Conciliación Laboral Obligatoria (SECLO). “Es gente que necesita que la Justicia le dé respuestas, y con celeridad”, añadió Dameschik.

El presidente de la Asociación Abogados del Fuero, Nahuel Altieri, explicó que la pandemia no hizo más que acrecentar los problemas, entre ellos la demora en la tramitación de las causas. Se calcula que durante el 2020 se suspendieron aproximadamente 150.000 audiencias.

El plazo excesivo para acceder a una indemnización desvaloriza los créditos y también repercute fuertemente en los ingresos de los profesionales. En este sentido, el letrado agregó que "se cobran juicios con un poder adquisitivo real muy bajo", ya que la tasa aplicable "no cubre los efectos de la devaluación y la inflación". “La sentencia se convierte en una cuestión declarativa para poner un cuadro en una pared”, afirmó a Data Clave.

“Lo último que necesitan los justiciables es una nueva instancia antes de llegar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación que continúe demorando la finalización de los pleitos en un fuero que ya se encuentra colapsado, sería literalmente, un proceso sin fin”, sostuvo la Asociación Abogados del Fuero a través de un comunicado.