El joven militante de la Juventud Universitaria Peronista (JUP) Ricardo Cittadini fue visto por última vez con vida en agosto de 1976 en la Comisaría 28° de Barracas, donde estuvo secuestrado y torturado. Por el caso, dos policías resultaron condenados por privación ilegítima de la libertad, pero ahora, la Justicia Federal intenta determinar con pericias en ese lugar si otros efectivos estuvieron implicados en ese hecho que es investigado como un delito de lesa humanidad.

Se trata de una investigación que integra la megacausa por los crímenes cometidos en el Primer Cuerpo de Ejército que es instruida por el magistrado federal Daniel Rafecas (titular del Juzgado Federal Número 3 de la Capital Federal), quien a fines de abril ordenó una pericia en esa dependencia policial.

En ese lugar se realizó un registro fílmico del lugar que, si bien tuvo modificaciones edilicias, conserva la parte de los calabozos con el mismo diseño que tenían en los años del terrorismo de Estado.

“Se hizo una inspección ocular para reconocer el lugar junto a familiares de la víctima y a pedido de la querella. La idea es determinar si podemos ampliar el universo de responsables de ese hecho”, explicó en declaraciones a Data Clave Daniel Perone, secretario del Juzgado número 3.

Cittadini era un joven nacido en la localidad de Gobernador Gregores, en Santa Cruz, que luego se trasladó con su familia a Trelew y en 1973 se mudó a La Plata para estudiar Ciencias Económicas. Allí comenzó a militar en el Movimiento Azul y Blanco y luego en la JUP.

En la tarde del 17 de agosto de 1976 estaba haciendo tiempo en la Plaza España de Constitución, donde esperaba a su hermana que venía a visitarlo desde Trelew.

La policía lo levantó por averiguación de antecedentes y lo llevaron hasta la Comisaria 28. En el mismo procedimiento también se apresó al militante uruguayo, Ricardo Camino Gallo, quien tenía carácter de refugiado de las Naciones Unidas, y cuyo testimonio fue fundamental para reconstruir la última información conocida sobre la víctima.

Camino Gallo fue registrado en el libro de entradas de la comisaría, pero Roberto no. El uruguayo recuperó la libertad al otro día, pero contó luego que escuchó los gritos de las torturas que recibía su compañero de cautiverio en otro calabozo de la Comisaria hasta las 2 de la madrugada. Luego vino el silencio y se supone que el militante de la JUP resultó trasladado hacia otro lugar.

Luego, una patota secuestró a los compañeros de Ricardo en La Plata y al dueño que les alquilaba el departamento donde vivían. El propietario quedó libre a los ocho días. A los jóvenes nunca más se los volvió a ver.

La familia de Ricardo inició por esos años una búsqueda de información que los llevó hasta Emilio Graselli, secretario del entonces vicario castrense, quien les dijo que hicieran de cuenta que al joven “había cruzado la calle y pisado un auto”.

En 2016, el comisario retirado Miguel Alcides Viollaz y el sargento Nicomedes Mercado, quienes estaban de servicio esa noche en la 28°, recibieron cinco años de prisión por privación ilegítima de la libertad por el Tribunal Oral Federal Número 5 de la Ciudad de Buenos Aires. La familia Cittadini y la querella consideraron que las penas habían sido bajas.

Cinco años después, a raíz de un fallo de Casación, el Tribunal revisó las condenas y le impuso a Mercado nueve años. A Viollaz lo declarado con “incapacidad sobreviviente” y fue apartado de la resolución del proceso. Ambos se encuentran fallecidos.

Sin embargo, la querella que representa a la familia Cittadini cree que aún quedan efectivos policiales sin procesar por la desaparición del joven. Serían los exagentes agentes Pablo Romanow y Esteban Vilella Paz, quienes reportaban en la Comisaría 28, pero que nunca prestaron declaración indagatoria por este caso.         

“Es la primera causa de lesa humanidad en la que me involucre. Lo empecé a trabajar en 1982, cuando estudiaba para abogado y colaboraba con el CELS, y dos años después, cuando me recibí la seguí como abogado”, señaló en declaraciones a Data Clave Pablo Llonto, letrado de la querella que actúa desde hace años en procesos de lesa humanidad.               

El edificio se encuentra en avenida Vélez Sárfield al 100, en el límite entre los barrios porteños de Barracas y Parque Patricios, y la intención del exjefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta era edificar en ese lugar una de las ocho alcaldías en las que alojar detenidos por delitos comunes.

La identificación de la parte de esa comisaría donde aún hoy son alojados los detenidos, fue descripta en 1984 en un croquis elaborado por Camino Gallo.

La declaración de este testigo –ya fallecido--, que brindó testimonio por vía diplomática desde Holanda, donde se encontraba exilado, todavía tiene validez para reconstruir los hechos.

Rafecas, al instruir y procesar a los dos policías que luego resultaron condenados, declaró a la Comisaría 28 como un Centro Clandestino de Detención Ilegal. Sin embargo, el lugar aún no está señalizado como tal, se indica en la ley 26.691. “El TOF 5 declaró que la Comisaría era un Centro Clandestino y debe ser señalizado como tal”, afirmó Lonto.     

Vecinos de Barracas reclaman que esta dependencia policial sea incorporada al Registro Unificado de Víctimas del Terrorismo de Estado (RUVTE) reúne la información sobre los Centros Clandestinos de Detención, que suman más de 800 en todo el país.

Se trata de una nómina que sigue abierta porque existen lugares que todavía no reconocidos como centros de tortura y exterminio. La Comisaría 28 es uno de ellos.