Mientras los rumores sobre la suspensión de la actual Ley de Alquileres no se disipan o se habla de sancionar una nueva forma, la situación de los inquilinos es cada vez más preocupante al compás de una inflación que no tiene freno.

Una encuesta reveló que el 63% de los hogares en los que sus ocupantes alquilan admite estar endeudado con familiares o particulares y la mayor parte de esa deuda es utilizada para pagar el alquiler.

El informe se elaboró a partir de un relevamiento realizado por iniciativa de la ACIJ junto al CELS, el Instituto de Geografía de la UBA, el CEUR-CONICET, la Escuela IDAES (UNSAM) y la Red Contested Territories sobre la situación de los hogares inquilinos de la Ciudad de Buenos Aires y los partidos del Gran Buenos Aires.

"Los resultados revelan una situación de precariedad económica y habitacional, que se profundiza en el caso de los hogares sostenidos por mujeres. Además, las cifras evidencian una creciente segmentación: un mercado de residencia permanente que funciona de manera cada vez más precaria, en paralelo a un mercado volcado al alquiler temporario, dolarizado, que crece", advierte el trabajo.

La encuesta refleja en el universo de los hogares inquilinos uno de los principales problemas socio económicos de hoy: el aumento de la incidencia del alquiler en relación a los ingresos de sus ocupantes.

Mientras que en el 2021, el 24% de los hogares destinaba más de la mitad de sus ingresos a pagar el alquiler, en noviembre de 2022 esa proporción de hogares aumentó al 32%, lo que refleja el agravamiento de la situación.

El informe sostiene que desde la sanción de la Ley de Alquileres, algunos discursos muy presentes en la agenda pública la señalan como la culpable de los problemas actuales del acceso al mercado de alquiler, obviando, entre otros factores determinantes, el contexto macroeconómico de altísima inflación y devaluación. 

Aunque en rigor la ley buscó beneficiar a los inquilinos debido a que “aumentó los contratos a tres años y estableció un mecanismo para evitar que los aumentos queden librados a la negociación entre partes inherentemente desiguales”.

Sin embargo, al establecer actualizaciones anuales, con una inflación del orden del 100 por ciento anual, en el momento de fijar el nuevo valor significa un fuerte golpe para el inquilino. Lo mismo sucede para el locador que ve como pierde su valor el arrendamiento en un contexto inflacionario.