Dos exempleadas del Concejo Deliberante de Paclín, en Catamarca, denunciaron en julio pasado al intendente Eduardo Menecier por discriminación, falta de pago y persecución política. Y desde entonces, la causa tuvo sus idas y vueltas. “Hoy nos atrevemos a pelear por dos años de trabajo que no se nos quiso reconocer, nos atrevemos a gritar la violencia institucional, la discriminación por género e ideología sufrida por parte del municipio", había expresado una de las mujeres que denunció que el jefe comunal se negó a reconocerlas como empleadas.

La historia tiene más años de lucha. Sucede que en 2020 ambas denunciantes, al igual que otros dos hombres, fueron designadas para cumplir labores en el HCD local por el entonces presidente Hugo Sabio. Sin embargo, nunca cobraron un peso. Algo que, por el contrario, no sucedió con los varones, quienes recibieron su pago todos los meses.

Cuando el contrato concluyó en diciembre de 2021, Analía Ríos y Laura Varela, quienes mes a mes recibían promesas de solución, no percibieron nunca su salario como trabajadoras.

Ante esta situación el INADI tomó cartas en el asunto y resolvió dar por presentada en tiempo y forma la ampliación de la denuncia que las exempleadas iniciaron en julio pasado. Menecier no se presentó a la audiencia conciliatoria. Y de esta manera quedó concluida la etapa de conciliación sin resultado.

El planteo se presentó porque a pesar de haber sido nombradas con el mismo tipo de instrumento, las mismas categorías y las mismas funciones que estos dos hombres, la Municipalidad les negó el pago solamente a las mujeres al señalar que sus designaciones eran ilegítimas.

Las mujeres acudieron a la Corte de Justicia con un amparo que el Máximo Tribunal resolvió en su contra, por lo que siguieron con el reclamo ante el INADI. El pasado 19 de agosto había una audiencia de conciliación pero Menecier se ausentó, por lo que las mujeres presentaron copias de los recibos de sueldo de los varones en los que consta fecha de ingreso, categoría y lugar de trabajo; presentaron copias de las planillas en las que firmaron asistencia, que son las mismas que firmaban las mujeres cuando prestaron servicios y eran las mismas para todos los empleados en ese momento; y pidieron que se solicite prueba informativa y declaraciones al expresidente del CD, Hugo Savio, además de un petitorio para que se abonen las tareas realizadas, precisaron desde el diario El Ancasti.

La abogada de las trabajadoras sostuvo en las últimas horas que con su “faltazo”, el jefe comunal “convalidó el acto discriminatorio” y agregó que “la discriminación está consumada y va a persistir mientras el intendente no les pague los dos años de haberes que reclaman”, sostuvo.

“La ley de protección integral de la mujer 26.485 en su artículo nº4 define como violencia indirecta toda conducta que ponga en desventaja a la mujer respecto del varón; y claramente esta situación se da porque ambas tienen las mismas características de nombramiento que los dos varones y sin embargo solamente ellas no pudieron cobrar nunca”, cerró la letrada Myriam Juárez