El intendente de Mar del Plata, Guillermo Montenegro, busca por todos los medios dar con los votos necesarios para lograr la aprobación de un convenio firmado con la Universidad de San Martín que modifica el actual acuerdo por las fotomultas y que favorece a un privado.

La iniciativa generó revuelo a nivel local luego de que el concejal Alejandro Carrancio, ex edil oficialista, ahora enfrentado a Montenegro, diera a conocer alguno de los detalles por los cuales el municipio trata de avanzar con un convenio por fotomultas que, como se sabe, más allá de concientizar es una herramienta recaudatoria de peso.

El problema reside en el nuevo acuerdo que busca el jefe comunal. En diálogo con Data Clave, Carrancio explica que “el intendente busca aprobar un nuevo convenio en el cual la municipalidad pasa de percibir el 50 por ciento de la recaudación de las fotomultas a un 24 por ciento. Una baja más que considerable que, por el contrario, sube en favor de la Universidad de San Martín”.

Según pudo saber Data Clave, para evitar tener que pasar por una licitación, la Universidad de San Martín firmó en favor de una fundación de una empresa para que de esa manera un privado pueda acceder a la cuestión operativa y, con este acuerdo que se pretende aprobar desde el oficialismo, aumentar de un 30 a un 56 por ciento la recaudación.

“Se van a poner 200 cámaras que todos sabemos que son para recaudar. Pero ni siquiera favorece al municipio sino que se modificaron los valores del contrato anterior”, agrega Carrancio.

La consulta que planteó el edil opositor y que hoy no tiene respuesta es cuál es la empresa que está detrás de un negocio millonario. “Ningún medio local está avanzando sobre el tema porque desde el distrito pidieron no dar vueltas sobre el asunto”, le dice a este medio, una fuente local.

Sin embargo, hoy el intendente no contaría con los votos necesarios. “El radicalismo reaccionó y no acompañaría. Desde el Frente de Todos dijeron que se iban a expresar en contra aunque todavía no lo hicieron y eso llama la atención”, agregó la misma voz en el HCD.

Entre el convenio que venía funcionando de la época del ex intendente Carlos Arroyo y la iniciativa actual, las diferencias son varias. El acuerdo de 2017 creaba la Comisión de Seguimiento, Monitoreo y Control de la Ejecución del convenio de fotomultas. El actual, no tiene ningún área dedicada al respecto por lo que se pierde una herramienta fundamental de control al privado, de protección al ciudadano y transparencia.

Además, se proponía un plazo de gracia de 60 días desde el inicio del sistema, en el cual las infracciones no serían cobradas y se realizaba un llamado de atención por única vez, mientras que el actual esquema no plantea plazo de gracia.

La versión anterior reinvertía el 10 por ciento en educación vial, infraestructura vial e infraestructura de tránsito. En la actual, no se reinvierte en seguridad vial.

Bajo este marco, el ejecutivo local busca aprobar un convenio que no cuenta con el apoyo de los aliados locales y que ya despertó las quejas de los opositores. Resta saber qué actitud tomará el intendente ahora que se dieron a conocer los números concretos en relación al sistema de fotomultas.