El veterinario de “Dylan” y “Prócer”, designado en el Programa Nacional de tenencia responsable de perros y gatos
El conocido Dr. Juan Enrique Romero fue nombrado como representante del ministerio de Salud en la unidad ejecutora del programa. Romero es veterinario de los perros del presidente Alberto Fernández y había acusado al macrismo de “destruir” el sistema de salud pública relacionada al cuidado de los animales de compañía. La función es ad honorem.
El Gobierno oficializó esta mañana al veterinario de los perros de Alberto Fernández como “representante del ministerio de Salud ante la Unidad Ejecutora del Programa Nacional de Tenencia Responsable y Sanidad de Perros y Gatos”. Desde enero del año pasado, el Dr. Juan Enrique Romero es el encargado del cuidado y la salud de los perros del Presidente, Dylan y Prócer, tras ser convocado por el propio mandatario.
El médico tiene una larga trayectoria en materia de salud para animales de compañía -ya ocupó cargos públicos- y asumirá el rol ad honorem. Además, es conocido por encabezar ciclos televisivos sobre protección y educación de perros y gatos.
Hace un tiempo, en diálogo con FM Delta, contó que entre los “Collie” del jefe de Estado hay una disputa por marcar territorio en la Residencia de Olivos. Reveló que “Prócer es un alma libre que pulula por toda la quinta”, que “Dylan se apropió del entorno”.
Con Alberto Fernández es la tercera vez que Romero se hace cargo de los “compañeros” de un Presidente: en la década del 80 atendió a un perro de Raúl Alfonsín y en los 90 se ocupó de la salud de los 21 canes Carlos Menem.
Romero fue muy crítico de las políticas de Mauricio Macri en el programa de tenencia responsable de mascotas. Entre 2015 y 2019 denunció que la gestión del ex presidente “destruyó” la iniciativa que el propio Romero había creado años atrás. “Mantuvieron el presupuesto que dejé, no hicieron una sola licitación, solo pagaron sueldos”, dijo Romero en una entrevista periodística.
Romero tiene la concepción de el de los animales es un problema de salud pública y considera que “el gobierno nacional tiene la obligación de asistir en los problemas de salud pública, si bien la salud puede estar descentralizada administrativamente en provincias o municipios, a veces estos no tienen el presupuesto o la cultura suficiente para el desarrollo de estas actividades”.
La resolución publicada esta mañana en el Boletín Oficial aclara que la designación de Romero “no genera erogación presupuestaria alguna”.