El Gobierno Nacional, a través de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), ha comenzado un riguroso proceso de auditoría que podría resultar en la eliminación de entre 120.000 y 160.000 Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral. Esta drástica medida responde a la detección de numerosas irregularidades en la concesión de estos beneficios, con el objetivo de asegurar que solo aquellos que realmente lo necesiten continúen recibiendo este apoyo económico del Estado.

La auditoría, que abarca a aproximadamente 400.000 beneficiarios, se inició en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y se extenderá a otras regiones del país, incluyendo la provincia de Buenos Aires, donde se encuentra la mayor concentración de personas con discapacidad. Según estimaciones de la ANDIS, entre el 30% y el 40% de los casos auditados podrían resultar en la suspensión de los haberes otorgados por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). Esto significa que hasta 160.000 personas podrían perder este beneficio, que representa el 70% del valor de la jubilación mínima, actualmente fijado en $157.878.

El proceso de revisión se centra en la identificación de irregularidades graves, como la presentación de documentación médica falsificada, el uso de radiografías repetidas en múltiples expedientes, y la concesión de pensiones a personas que no cumplen con las condiciones de invalidez laboral establecidas por la normativa vigente. En una revisión inicial de 2.559 casos, solo el 7% cumplía con los requisitos legales para recibir la pensión, lo que motivó a las autoridades a intensificar las auditorías.

Las personas que se verán afectadas por esta medida incluyen a aquellos cuyos estados de salud no justifican la pensión, quienes poseen bienes significativos no declarados, o quienes cuentan con un empleo formal. Además, se han detectado casos de fraude, como la utilización de radiografías de animales para justificar una discapacidad.

El director de la ANDIS, Diego Spagnuolo, afirmó que estas auditorías no buscan perjudicar a quienes realmente necesitan el beneficio, sino eliminar los casos fraudulentos y restaurar la transparencia en el sistema. A medida que avanza el proceso de auditoría, se espera que las suspensiones de pensiones se incrementen, generando un impacto significativo en las personas afectadas y en las provincias donde se concentra la mayor parte de los beneficiarios.