La Corte Suprema de Justicia de la Nación -con el voto de sus cuatro integrantes- rechazó el último recurso que le quedaba al ex fiscal Julio César Castro para evitar su ingreso a la cárcel. Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti desestimaron el tratamiento de un recurso que la defensa había planteado: no dieron argumentos sino que fue a través del artículo 280, que les permite no dar explicaciones de los rechazos.

En definitiva, lo que esta decisión de la Corte implica es que la condena a seis años y medio de prisión por abusar sexualmente de su por entonces pareja quedó firme. Ahora, la causa volverá a la Cámara de Casación que tendrá que informarle al Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°8 que la sentencia ya se puede hacer efectiva.

En noviembre de 2019, había sido considerado responsable por los delitos de “abuso sexual con acceso carnal reiterado en dos oportunidades y lesiones leves agravadas por haber sido cometidas contra una mujer en un contexto de violencia de género reiterado en dos oportunidades, en perjuicio de su ex pareja”.

Castro había sido denunciado en 2017 por una joven debido a una serie de episodios violentos que comenzaron en octubre de 2016, cuando abusó sexualmente de ella, y que continuaron en noviembre de ese año, cuando le provocó lesiones. En enero de 2017, el ex fiscal volvió a abusar de la víctima. En marzo de ese año, ante una situación donde el ex fiscal la lesionó en un brazo, la joven se presentó ante la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) de la Corte Suprema.

Cabe recordar que Castro fue fiscal de juicio durante más de 20 años: era quién se encargaba de pedir penas de prisión, por ejemplo, en casos de abuso o de violencia contra las mujeres. Fue también titular de la Unidad Fiscal especializada en delitos sexuales (UFISEX) durante varios años y estuvo a punto de convertirse en juez federal, algo que se frenó en el Senado cuando salieron a la luz las numerosas acusaciones de violencia y acoso laboral que tenía en su contra.

En la audiencia ante la Comisión de Acuerdos, negó las acusaciones. Una de las senadoras le preguntó incluso acerca de unos tweets que habían intercambiado de manera pública y en un tono "sensual" con una adolescente. “No sabían cómo se manejaban las redes”, sostuvo en ese momento.

A la par de la denuncia penal, se presentó un sumario administrativo donde se relevaron todas los maltratos y acosos que sufrieron personas que trabajaron con él. Tras diversos planteos de la defensa de Castro para evitar que se realice un jury de enjuiciamiento, en mayo de este año fue removido de su cargo. 

El acoso sexual laboral, las conductas indecorosas y el maltrato fueron consideradas faltas al reglamento disciplinario de la Procuración General de la Nación, como también su comportamiento dentro de la red social Twitter, al que consideraron “una violación al deber de observar buena conducta fuera del ejercicio de sus funciones”. Los siete integrantes del jurado mencionaron también la situación de violencia ejercida hacia quien entonces era su pareja.

El fiscal no se rindió y presentó un recurso ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo con el fin de que se revierta su remoción. Sin embargo, su situación penal con la decisión de la Corte acaba de complejizarse aún más.