Derogan el decreto de Macri que impedía el ingreso de extranjeros con antecedentes y aceleraba extradiciones
La normativa impedía el ingreso al país de inmigrantes que hubieran estado involucrados en distintos tipos de delitos. Había sido declarada inconstitucional por la sala V de la Cámara en lo Contencioso Administrativo y Federal.
El Gobierno derogó el Decreto de Necesidad de Urgencia 70/2017 de la gestión de Mauricio Macri que reformaba la ley de Migraciones. La normativa, que impedía el ingreso de extranjeros con antecedentes penales y agilizaba la extradición de inmigrantes con antecedentes, había sido declarada inconstitucional por la Sala V de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal y estaba pendiente un fallo de la Corte Suprema.
La medida fue oficializada en enero de 2017 y se fundamentó en la “prerrogativa soberana de decidir criterios de admisión y expulsión” de los extranjeros. En ese entonces, el macrismo argumentó que los tiempos judiciales habían hecho crecer la cantidad de inmigrantes con antecedentes penales que estaban bajo custodia del servicio penitenciario.
El decreto también determinaba la prohibición de que personas extranjeras con documentación falsa o con omisión de antecedentes en el delito ingresaran a la Argentina. Además, la modificación de la Ley reducía la posibilidad de tramitar la expulsión de extranjeros que cometieran delitos graves a hacerlo con quienes cometieran cualquier tipo de delitos.
El Gobierno, a través del Boletín Oficial y con la firma de todo el gabinete, explicó que derogó el decreto de la gestión de Macri porque resulta “irreconciliable con la Constitución Nacional y con el sistema internacional de protección de Derechos Humanos”. Además, consideró que la normativa “agravó exponencialmente la litigiosidad en materia migratoria”.
La Sala V de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal declaró la invalidez constitucional del decreto en marzo de 2018 y el gobierno de Macri recurrió a la Corte Suprema para que resolviera al respecto. También la normativa había sido cuestionada por organismos nacionales e internacionales de Derechos Humanos.