Cuando Malena C. se presentó en un tribunal oral de la Ciudad de Buenos Aires en el marco de un juicio que había iniciado contra su expareja por abuso sexual, como parte del interrogatorio, uno de los defensores le preguntó: “¿vos mostraste la resistencia suficiente como para que él se diera cuenta que no querías?”

En Argentina, durante 2023 se denunciaron 6387 violaciones en todo el país y otros 32.124 delitos contra la integridad sexual. Esto representa alrededor de 105 denuncias relacionadas con este tipo de delitos por día en el país.

Sin embargo, los delitos sexuales suelen tener una cifra “no registrada”: es decir, gran parte de los hechos no se denuncian, al contrario de lo que pasa -por ejemplo- con los homicidios, que son reportados prácticamente siempre. Dentro incluso de la cifra que se denuncia, muchas causas no llegan nunca a un juicio, ya sea por mal accionar judicial, por el paso del tiempo o por que las evidencias no alcanzaron para llegar a esa instancia.

Los delitos sexuales tienen la particularidad, como los casos de violencia de género, de que son cometidos generalmente en ámbitos de privacidad, donde no suelen existir testigos que puedan ayudar a reconstruir la situación. Esta particularidad lleva a que gran parte de los expedientes se conviertan en causas complejas de llevar y que hasta no hace mucho tiempo eran consideradas directamente “la palabra de la denunciante versus la palabra del imputado”.

El paradigma está en proceso de cambio desde el momento en que Argentina encaró distintas reformas legislativas, sumado a la mayor presencia y aplicación de la perspectiva de género en las investigaciones. La ley de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres sostiene que la violencia sexual es cualquier acción que implique “la vulneración en todas sus formas, con o sin acceso genital, del derecho de la mujer de decidir voluntariamente acerca de su vida sexual o reproductiva a través de amenazas, coerción, uso de la fuerza o intimidación, incluyendo la violación dentro del matrimonio o de otras relaciones vinculares o de parentesco, exista o no convivencia, así como la prostitución forzada, explotación, esclavitud, acoso, abuso sexual y trata de mujeres”.

El Código Penal también lo deja bien en claro: existe abuso sexual cuando se fuerza a mantener algún tipo de relación sexual mediante la violencia, las amenazas, la intimidación, además de cuando hay aprovechamiento de una posición de autoridad o de poder. También ocurre cuando el agresor se aprovecha de que la víctima -por cualquier causa- no haya podido consentir libremente la acción.

Allí aparece la palabra clave: el consentimiento. Para la legislación argentina, si una persona no puede brindar su consentimiento o si está condicionada o no es libre para darlo, también hay abuso.

En Francia, el caso de Giséle Pélicot, de 71 años, revolucionó el país y puso en discusión justamente ello. El marido de la mujer permitió, durante 10 años, que la violaran mientras ella se encontraba totalmente inconsciente producto de las drogas que le colocaba en su comida.

Más de 70 desconocidos participaron de esas prácticamente pero sólo 51 son juzgados junto al esposo en este momento. Según el diario Le Monde, se pudo determinar, a través de 4000 fotos y videos que le encontraron al principal acusado, que fueron aproximadamente 200 violaciones entre 2011 y 2020, en Mazan, un pueblo de 6000 habitantes, a unos 120 kilómetros de Marsella.

La pena a la que podría ser condenado el marido de Giséle Pélicot alcanza los 20 años pero la discusión gira en torno a los hechos alcanzados por la ley francesa como “violación”. En la normativa, se trata de un “acto de penetración sexual” cuando es cometido con “violencia, coacción, amenaza o sorpresa”.

Esta definición, contemplada en el artículo 222 del Código Penal francés, al contrario de lo que sucede en Argentina, no menciona el consentimiento. Si está incluido como agravante la violación de una persona bajo la influencia de productos estupefacientes o químicos. 

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En marzo de este año, Emmanuel Macron, sostuvo que debía trabajarse para que el derecho galo incorpore el concepto de consentimiento en las leyes que penalizan los abusos sexuales, en el marco de una conversación con representantes de la ONG feminista ‘Choisir la cause des femmes’.

Justamente desde los espacios feministas fueron varias las legisladoras que están bregando para que quede redactado explícitamente que el sexo sin consentimiento es violación y que no puede existir consentimiento si la agresión sexual se comete "abusando de un estado que impide el juicio del otro".

Según los datos oficiales, durante 2023 hubo 114.100 víctimas de violencia sexual en Francia, entre los que se cuentan casos de violencia física y no física, explotación sexual y exhibicionismo.