En las últimas horas, se registraron avances en el marco de la denominada Causa Generación Zoe, que tiene que ver con presunta asociación ilícita y estafas, lideradas por el titular de la firma, Leonardo Cositorto, quien permanece detenido.

La Fiscal de Instrucción del segundo turno de Villa María, Juliana Companys, ordenó el allanamiento este lunes de las oficinas de la concesionaria de automóviles L`Express de avenida Córdoba al 3000 en Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Según se indicó, la medida está motivada en los informes de la Unidad de Información Financiera (UIF) que vinculan a Zoe Construcciones y Zoe Power con la mencionada empresa por transferencias de dinero.

Asimismo la Fiscalía ordenó, en otro procedimiento, la detención del contador Miguel Echegaray, vinculado a Zoe, quien se encuentra prófugo con pedido de captura.

Cabe recordar que el 18 de febrero último, la fiscal Companys había resuelto librar varias órdenes de detenciones por los delitos de “asociación ilícita” y “estafas reiteradas”, denunciados por numerosos ahorristas de Villa María que no habían recuperado sus inversiones en Generación Zoe, donde habían confiado pesos y dólares a cambio del pago de intereses mensuales que prácticamente triplicaban los que se ofrecían en el mercado financiero formal.

La causa que lleva Companys tiene una veintena de imputados y detenidos, que involucran oficinas de Zoe en Villa María, y en las ciudades de Córdoba y Buenos Aires, en tanto los casos de estafas son cerca de 200 y un centenar de damnificados, mientras que los montos involucrados aún no se precisaron. Allí la fiscal informó 176 casos de estafas y asociación ilícita y, además, aseguró que en su fiscalía cuenta con 94 damnificados.

El pasado jueves Cositorto y otros cuatro miembros de esa organización también fueron imputados con prisión preventiva por la Fiscalía de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC) de la provincia de Salta por más de 60 hechos denunciados que, en principio, involucran a cerca de $ 4 millones y USD 228.500.

También en la ciudad correntina de Goya se lo imputó por los mismos delitos que hasta el momento involucra a unos 85 ahorristas damnificados, en tanto otras causas se encuentran radicadas en la Justicia porteña.