En 9 páginas, la sala B de la Cámara Comercial frenó el intento del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de convertirse en la instancia revisora dentro de la causa Correo Argentino, algo que había pedido el grupo SOCMA.

"Nos encontramos en el marco de un proceso concursal, cuyo conocimiento en razón de la materia es exclusivo de la Justicia Nacional en lo Comercial, donde los accionistas de la concursada acudieron en queja ante el Tribunal ahora oficiante invocando la ley n*402 de la Ciudad, que como se dijera anteriormente rige solo en el ámbito de la justicia local que tiene vedado, por no ser de su incumbencia, el conocimiento de causas como la presente", resumieron las juezas María Gómez Alonso de Díaz Cordero y Matilde Ballerini.

La semana pasada, el TSJ porteño había intervenido en la causa comercial por el concurso de la compañía Correo Argentino a pedido de SOCMA.

El objetivo de ese planteo era lograr el apartamiento de la jueza Marta Cirulli (que debe definir si quiebra o no) y de la fiscal Gabriela Boquín. Los jueces Marcela De Langhe, Santiago Otamendi e Inés Weinberg "retaron" en su intervención a la Cámara Comercial, le recordaron fallos anteriores y le ordenaron que se pronuncie sobre el recurso de inconstitucionalidad que planteó SOCMA.

Ahora la sala B de la Cámara Comercial les devolvió el reto y les recordó que su intervención no está permitida ni contemplada en ninguna normativa. "La pretensión del Tribunal de Justicia de la Ciudad de erigirse en alzada de esta Sala, habilitando un recurso no previsto por el ordenamiento que rige nuestros procedimientos, carece de fundamento normativo y no puede ser avalada por este tribunal, en tanto importa un apartamiento del principio de Juez natural consagrado por la Carta Magna en su art. 18", explicaron.

La  respuesta de la Cámara a los integrantes de la Corte porteña no sorprendió en Tribunales. Tal como había adelantado Data Clave, no es la primera vez que el TSJ intenta meterse en una causa que pertenece a los fueros nacionales (civil, penal, comercial) y es rechazado de plano o ignorado.

El planteo incluso llegó a la Corte en la Cusa "Levinas" donde esta semana el procurador general interino le dijo también a los porteños que no tiene potestad para meterse en estos expedientes.