¿Cómo se busca a una persona desaparecida en Argentina?
Que hay que esperar 72 horas, que seguro se fue con un noviecito, que si no hay sospecha de un delito nada se puede hacer. Los mitos acerca de cuándo se puede hacer una denuncia por la desaparición de una persona se reproducen muchas como verdades. Esto sumado a que, muchas veces, las fuerzas policiales no actúan como deberían terminan perjudicando a una investigación donde los primeros tres días son clave.
La desaparición de una persona puede haberse dado por diversas cuestiones y muchas veces tiene que ver con múltiples delitos. Puede afectar diversos derechos fundamentales: a la vida; a la libertad; a la seguridad; a su integridad personal; entre otras cosas. La denuncia puede realizarse tanto en una comisaría como en una fiscalía y no tiene un “tiempo mínimo” requerido para presentarla.
En Argentina, los procesos de búsqueda avanzan muchas veces por la presión de los familiares y allegados. Una de las falencias principales de las investigaciones es que, cuando eso no existe o las personas no tienen los recursos para sustentar la causa, las búsqueda suelen quedar estancadas.
La Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX) lanzó hace algunos años una “Guía práctica para la búsqueda de personas” donde orienta a fiscales y fiscalas sobre cómo llevar adelante procesos de búsqueda, ya que sea donde haya sospecha de trata o no. Una de las primeras medidas que se sugieren es conocer al núcleo familiar o de amistades, para profundizar en quién es la persona buscada. “Los investigadores deben actuar respetando la privacidad e intimidad de los familiares involucrados, pero recabando la información necesaria sin hesitaciones en las primeras horas posteriores a la desaparición”, se remarca.
Cuando se habla de trata o de posibles captaciones, Protex sostiene que una inmensa mayoría “se encontraba en situación de vulnerabilidad socioeconómica (en muchos casos las víctimas estaban en situación de pobreza, tenían hijos a su cargo, escasa escolarización, entre otras cuestiones)”.
Informes de comunicaciones, de contexto, análisis informáticos, testimoniales son algunos de los pasos que se sugieren. “No hay que descartar ninguna posibilidad ni hipótesis: todo es posible las primeras horas”, cuenta una fiscal federal que asiduamente se encuentra ante este tipo de situaciones. Desde conflictos familiares hasta secuestros o captaciones, cualquier línea que se siga necesitará de todas las evidencias posibles.
Cuando se encuentra a la persona involucrada también deben tomarse recaudos. Las preguntas serán clave pero siempre en resguardo de la intimidad y la integridad. El consejo es tomarle testimonio de la manera menos revictimizante posible. En caso de que haya sido víctima de algún delito, recomiendan que sea atendido por un grupo de profesionales en cuestiones de salud mental. Su declaración será clave, además, para avanzar con el expediente penal.
En caso de niños, niñas y adolescentes, hay procedimientos especiales para llevar a cabo las entrevistas: el encuentro en “Cámara Gesell”. Los testimonios son tomados por una psicóloga que tendrá que hacer las preguntas que las partes quieran pero acondicionándolas a la edad del niño/a involucrado. Después, la profesional confeccionará un informe con los resultados. También podría ser necesario, si hay elementos en ese sentido, que se realicen estudios médicos para resguardas evidencias de delitos sexuales.
Prófugos
“Ya sé que si pido una captura y no lo encuentran en dos meses, ese caso se terminó”, admitió a Data Clave un fiscal que trabaja en el fuero ordinario de la Ciudad de Buenos Aires. Explicó que el sistema de búsqueda “activa” de aquellas personas que cometieron un delito se lleva adelante con mayor fuerza las primeras semanas. Después, si las maniobras no dan resultados, los métodos y los agentes destinados a ese expediente disminuyen.
No es raro entonces que “agarren” personas cuando van a votar, cometen alguna infracción de tránsito o les piden DNI por algún motivo. Las búsquedas siguen vigentes, solo que a medida que pasa el tiempo los recursos pasan a búsquedas con “mayor capacidad de éxito”.
Hace algunos años, condenaron a prisión perpetua a un policía por el homicidio de un joven. En las horas que pasaron entre las últimas palabras del acusado y la decisión del tribunal de condenarlo, el hombre se fugó. Las alertas se activaron pero no hubo demasiadas novedades hasta que pudieron localizar algunas comunicaciones que había mantenido con su entorno cercano. En un momento, habían establecido que se encontraba en una pequeña localidad cerca de Ezeiza pero que no podían “entrar” a buscarlo porque iba a escaparse si detectaba que lo tenían en la mira. Finalmente, el policía se terminó entregando en Comodoro Py después de dirigirle a los jueces una carta donde pedía que no le metieran preso.
Más allá de los tipos de búsqueda, dentro del sistema federal, existe el Programa Nacional de Coordinación para la Búsqueda de Personas Ordenada por la Justicia (“BUSCAR”) que depende de la Dirección Nacional de Cooperación con el Poder Judicial y Ministerios Públicos. El objetivo es claro: aportar información al sistema judicial, a través de los ofrecimientos de recompensa.
“Cold case”
Los llamados “casos fríos” son los procedimientos donde la víctima no es hallada durante los primeros meses de investigación y se agotaron las vías de investigación disponibles. Esas investigaciones generalmente quedan archivadas o, con suerte, a la espera de una nueva evidencia que permita redireccionarlos.
El Estado tiene en realidad el deber de seguir con su búsqueda, por más de que los recursos sean limitados. La sugerencia que hace Protex en su informe sobre búsqueda de personas es que se mantengan actualizadas las consultas a distintos organismos como ANSES, bancos, Migraciones.
“En particular se proponen algunas medidas de acción para la búsqueda de cadáveres mediante rastrillajes y el cruce de huellas dactiloscópicas y datos genéticos (ADN), entre los cadáveres NN encontrados en distintos lugares del país y las personas que están siendo buscadas. La propuesta se concentra en extraer una muestra hemática, en la medida de lo posible al padre y a la madre de la persona buscada o a otros familiares, con el objeto de, eventualmente, cotejarla con el ADN de la persona NN encontrada. El escenario ideal sería crear un banco nacional de datos genéticos de las personas desaparecidas, con el que se pueda cruzar la información de cada uno de los cadáveres o restos óseos NN encontrados en distintas circunstancias”, explica la Procuraduría especializada.