Si el crédito excepcional de US$ 57.000 millones que le dieron al entonces presidente Mauricio Macri fue para que lograra su reelección, este que se pondrá a consideración del Congreso es para que la economía no le estalle a Alberto Fernández.

Fue el propio mandatario quien reconoció -hace un par de semanas- que si no avanzaba en un acuerdo debía imponer un “feriado bancario y cambiario” ante el adverso panorama que enfrentaba,

Ahora, las obligaciones durante los dos años que le quedan de mandato son mínimas. Bajar el déficit fiscal primario de 3,1% del PBI con el que cerró el año pasado, a 2,5% este año, y 1,9% en el 2023, cuando se realicen las elecciones. A Macri le hicieron bajar de 4% a “cero” en dos años.

Pero además, las únicas “imposiciones” son, durante estos dos años, reducir el nivel de subsidios a la energía, y dejar de financiarse con el Banco Central en el 2023. En teoría es un Programa de Facilidades Extendidas, a diez años, que debería contemplar, entra otras cosas, las tan mentadas “reformas estructurales” a las que son tan afectas los funcionarios del organismo.

Pero nada de eso sucede. Más allá de que el Gobierno haya modificado -para mal- la forma de ajuste de las jubilaciones y pensiones, lo cierto es, que como dijo Fernández, no hay reforma laboral, impositiva, aumento en la edad jubilatoria, o reducción del Estado. Entonces ¿por qué el encono tanto desde el lado del PRO como de La Cámpora a este programa?

Desde los seguidores de Mauricio Macri la respuesta es sencilla, “el grueso del ajuste lo hará el gobierno –sea el que sea– que surja en el 2023”, anticipó el diputado Luciano Laspina.

En el acuerdo “no hay un programa de estabilización. Se sigue con niveles de inflación alto. No hay ningún cambio en la estructura argentina que genera el déficit y lo único que se hace es reemplazar el financiamiento que otorga el Banco Central por el de los privados, que ya ha crecido US$ 60.000 millones en dos años, que sigue en alza y que tendrá que enfrentar el próximo gobierno”, dijo el principal referente económico del PRO.

¿Y para Máximo Kirchner por qué resulta "inaceptable"? Ahí las razones son más “difusas”. Más allá de la carta del líder de La Cámpora renunciando a la jefatura de la bancada, son escasos los pronunciamientos en contra del acuerdo.

Uno podría suponer que la “reducción de los subsidios”, en especial a la energía, pegan de lleno en el electorado de la clase media y media/baja del conurbano bonaernse que le dio el triunfo a Fernández en el 2019. Porque, que quede claro, este nivel de subsidio solo existe en Capital Federal y el Gran Buenos Aires, mientras que en el resto del país las tarifas son mayores, mucho mayores.

El 20 % de aumento en la tarifa de electricidad a quienes son beneficiarios de planes sociales parecería no afectar la adhesión de un grupo que, se supone “es fiel” al peronismo. Pero incrementos del 80% a la clase media, se haría sentir en un momento de “vacas flacas”, y adhesiones políticas cambiantes.

Una posición intermedia brindó Claudio Loser, ex integrante del FMI, quien calificó como “razonable” al acuerdo alcanzado por el Gobierno argentino con el organismo, porque ninguno de los dos está del todo conforme, y destacó que la alternativa del default sería peor a la suba de tarifas que implica el programa.

“Este es un acuerdo razonable porque tanto Argentina como los representantes del Fondo Monetario Internacional no están contentos, y eso demuestra que es razonable. Suena feo, pero es así”, dijo Loser en declaraciones a Radio Rivadavia.

“En el FMI hubieran querido más cosas, en Argentina mucho menos. Lo cierto es que no hay una alternativa seria a un acuerdo con el Fondo, en el sentido en que sería vivir con una inflación permanente, que es el peor impuesto que puede sufrir el país, mucho peor que el aumento de las tarifas”, aseguró el economista argentino.