En medio del fragor por la suba de tarifas, y de cómo se va a aplicar la mentada “fragmentación”, el Instituto para el Desarrollo Social Argentino (Idesa) advirtió de los efectos nocivos del elevado nivel de subsidios que otorga el estado a las compañías de servicio público, y a cierto “derroche” en el consumo.

“El problema más acuciante que tiene el gobierno es la inflación derivada de los excesos de emisión que genera el déficit fiscal”, destacó Idesa a través de un informe. 

Si bien Argentina sufre un desequilibrio estructural entre ingresos y gastos de larga data, “en la actualidad el factor más decisivo (del déficit fiscal) son los subsidios a los servicios públicos”. 

Idesa destacó, a partir de datos oficiales, que solo en el primer trimestre de este año esos subsidios subieron a razón del 180% respecto al 2021.

En este marco “actualizar las tarifas es inexorable” y consideró que “de manera tardía y dubitativa, el gobierno convocó a audiencias públicas como paso previo” al reajuste.

“Con un 54% de los ingresos de las compañías generado por el pago de los usuarios, y el otro 46% por los subsidios que otorga el Estado”, ese régimen “no sólo resultan insostenibles desde el punto de vista fiscal” sino que “además genera enormes daños por los incentivos perversos”. 

Para Idesa “por un lado, exacerban el derroche en el consumo. Por el otro, deterioran la calidad de la gestión de las empresas proveedoras de los servicios”, por que “pasan a depender de los subsidios que reciben, y los incentivos están más orientados a lidiar con la arbitrariedad del Estado (para recibir esos fondos) que a satisfacer el bienestar de los consumidores".

“La muy alta tasa de inflación derivada de los excesos de emisión es la señal más contundente de que la política tarifaria que se vino aplicando en los últimos años es insostenible”, agregó la entidad.

Explicó que el Estado Nacional asigna aproximadamente 3,5% del PBI a subsidios a sectores económicos. Cerca de la mitad se destina a combustibles, electricidad, gas y agua. 

Diferente es el caso del transporte público de pasajeros “donde puede haber un interés social en desincentivar la movilidad en vehículos particulares”. Pero a ese área “solo se destina un 20% del total y arbitrariamente se concentran en el Área Metropolitana de Buenos Aires”.