Semana clave: vencimiento de US$ 731 millones al FMI, el riesgo de entrar en atrasos y qué puede pasar

Comienza una semana clave en las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Argentina deberá efectuar un pago de capital por US$ 731 millones el próximo jueves que todavía no fue confirmado por el Gobierno. La intención oficial era acelerar un acuerdo antes de esa fecha, aunque hubo un endurecimiento de ambas partes que retrasó un entendimiento y ahora el tiempo corre.

Las Reservas Netas del Banco Central alcanzan solo para cubrir hasta el vencimiento de intereses del 1 de febrero (US$ 366 millones) y no para el 21-22 de marzo es el primer pago “grande” al organismo, cuando hay que abonar US$ 2,824 millones. Ese sería el famoso “deadline” que suele marcar el mercado para llegar a acordar un programa con el FMI.

En detalle, y según datos de la consultora FMyA, “Argentina cuenta con U$S1.564 millones de Reservas Netas en el BCRA y sólo U$S 625 millones de DEGs del FMI; o sea un total de U$S 2.200 millones”. 

En tanto, el Gobierno todavía no confirmó si realizará o no el pago del próximo jueves. La vocera del presidente Alberto Fernández, Gabriela Cerruti, dijo la semana pasada que será el Ministerio de Economía, que conduce Martín Guzmán, quién definirá si el desembolso se realizará o no. Sin embargo, indicó que la postura argentina es la de "pagar hasta que se llegue a un acuerdo", pese a que cada situación "se mide día a día".

Esta incertidumbre es uno de los tantos factores que viene presionando el mercado cambiario y que la semana pasada finalizó con un dólar CCL a $223 y el paralelo a $219. Para FMyA, hay cuatro puntos fundamentales que presionan al alza: “Los pesos empiezan a sobrar, el impacto de la sequía, que el BCRA volvió a vender dólares y que las chances de ‘default’ son mayores; alcanza para explicar el rebote del dólar paralelo”. 

En ese contexto, es preciso preguntarse cuáles son los riesgos de no llegar a un entendimiento antes de marzo con el FMI. Sin duda, las consecuencias serían negativas pero Alberto Fernández suele señalar que tampoco puede firmar “un mal acuerdo”. 

La consultora Eco Go realizó un trabajo en el que detalló lo que implica un proceso de atrasos, o “arrears”, con el organismo multilateral de crédito: 

“1)En los acuerdos con el FMI no existe el concepto de default, sino que se establece que el país está en atraso de pagos; 2) No existe período de gracia. Un país entra en atraso en el día posterior al vencimiento de la obligación no pagada; 3) Una vez en atrasos, el país debería recurrir a recursos propios o a un prestamista puente para salir del mismo. Esto sucede porque no se puede negociar un nuevo acuerdo mientras se esté en atraso”.

“Un atraso en los pagos dejaría a la Argentina incapaz de utilizar las herramientas y recursos que ofrece el Fondo, esto incluye negociar nuevos acuerdos o acceder a nuevos programas, incluso el uso de los DEGs”, afirmó la consultora.

Ese atraso provocaría un mayor grado de incertidumbre. Tal como estimó Econviews, la brecha cambiaria podría escalar a niveles similares a los de octubre del 2020, cuando la diferencia entre la cotización del dólar libre y el oficial rozó el 150%. “En niveles de hoy estamos hablando de un dólar blue que sería de $260 por cada dólar”, ilustraron. 

“Por su parte, las acciones locales y bonos soberanos que en algunos casos ya se encuentran en mínimos de la última década podrían recortar su valor más aún, y alcanzar caídas pronunciadas en los primeros días posterior al default. En lo macro, el default será más inflación y menos nivel de actividad”, precisó Econviews.

Con todo, el Gobierno apunta a que el FMI asuma su “corresponsabilidad” en el fallido préstamo que desembolsó a nuestro país durante la gestión de Mauricio Macri entre 2018 y 2019. Argentina pide tiempo para no frenar la reactivación de la economía que en 2021 fue del 10% y se recuperó casi toda la caída de 2020 durante lo peor de la pandemia (9,9%).

En ese sentido, el ministro de Economía dijo en una entrevista al diario francés Le Figaró. “La diferencia que tenemos con el FMI es la velocidad de consolidación fiscal y las combinaciones entre gastos e ingresos. No queremos penalizar la demanda cuando la economía se está recuperando”, precisó Guzmán.

El Fondo quiere superávit fiscal en 2024 y detrás de ese pedido está Estados Unidos, país que mueve los hilos en el directorio del organismo aunque el Gobierno no quiera decirlo explícitamente. Para Argentina un plazo razonable para llegar a ese objetivo es 2026.

Otro punto que preocupa a Martín Guzmán serán las revisiones trimestrales que realizarán misiones técnicas del organismo, las cuales condicionarán desembolsos para pagar los compromisos al propio FMI de este año (US$ 19.100 millones), 2023 (otros US$19.300 millones) y 2024 (US$ 4.900 millones). 

Desviarse de lo acordado con el organismo, o que el staff técnico considere que el camino no es el adecuado para los objetivos del siguiente trimestre, podría implicar que se corten los desembolsos. Esta es una preocupación central que el titular del Palacio de Hacienda destacó en la última reunión con gobernadores en el Museo del Bicentenario de la Casa Rosada.

Hay una encrucijada de tinte político para el Frente de Todos. Consideran que ajustar la economía como pretende el Fondo sería casi descartar las chances de seguir en el Gobierno después de 2023. Un "no acuerdo" también implica un riesgo de corto y mediano plazo difícil de dimensionar. Mientras tanto, las conversaciones entre Washington y el Palacio de Hacienda continúan en busca de acelerar un acuerdo “lo antes posible”.