El revalúo inmobiliario que se propicia en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional implica una suba de impuestos con el objetivo de incrementar la recaudación de la Administración Nacional y las provincias. En ese sentido, la oposición buscó no quedar pegado al programa económico del ministro de Economía Martín Guzmán entre otras cosas, por este tema.

La iniciativa podría significar, según cálculos oficiales, un ingreso para la Administración Nacional mayor a $65.000 millones este año durante la primera etapa del plan y una mayor recaudación para los gobiernos provinciales. El problema, claro está, será homogeneizar el criterio de valuación entre jurisdicciones y que los mandatarios provinciales estén dispuestos a realizar, en definitiva, una suba de impuestos.

La consultora Focus Market, a través del Estudio Contable Canteli, elaboró dos escenarios de pago de Bienes Personales: el primero con el actual nivel de mínimo no imponible y valuación fiscal  y el segundo con el actual nivel de mínimo no imponible y con el cambio revalúo fiscal de inmuebles. 

Para esto tuvieron en cuenta un caso real de una persona de clase media que cuenta con una casa, dos departamentos y bienes del hogar gravados en la declaración de bienes personales por $3.612.755. Por no superar el mínimo no imponible de Bienes Personales hoy no está sujeto a pagar el impuesto. 

“Con los mismos bienes declarados esa misma persona de Clase Media con el revalúo inmobiliario presentado como base de sustentación recaudatoria en el acuerdo con el FMI tendría un total de Bienes Gravados por $ 15.489.769,64”, advirtió Focus Market. 

En el primer caso, esta persona de Clase Media hoy no paga bienes personales. En el segundo escenario, con el revalúo inmobiliario propuesto esa persona pasaría a pagar $ 71.174,70. Es decir el salto es de $ 0 a $ 71,147,70 por bienes personales. 

"El Revalúo inmobiliario presenta una trampa mortal para el contribuyente ya que se incrementa la valuación fiscal de su propiedad pero no se ajusta los mínimos no imponibles por inflación histórica desde la creación del impuesto de bienes personales hasta hoy”, explicó el director de Focus Market, Damián Di Pace.

El economista recordó que dicho impuesto se creó en 1991 y sería solo por 8 años, es decir, hasta 1999. “La inflación acumulada desde ese momento hasta ahora en Argentina es de 15.000 %. Por tanto, el mínimo no imponible debería ser de $16 millones y es de $6 millones. Es una trampa letal en la que se intenta atrapar a miles de contribuyentes", indicó Di Pace.

Por otro lado, el informe de la consultora resaltó que en los últimos 6 años en Argentina el impuesto a los Bienes Personales ha atravesado por varias etapas de cambios que “desalientan la inversión privada en el sector de la construcción e inmobiliario".

Entre 2016 y 2018 hubo una reducción alícuota de Bienes Personales hasta su eliminación. A partir de 2018, y con la crisis macroeconómica de fondo, se reincorporó el gravamen y el Impuesto a la Transferencia Inmobiliaria.

A partir de 2019, hubo una suba en las alícuotas de bienes personales y en 2020 se implementó un Impuesto a la Riqueza por única vez. El año pasado, por la inflación del 50%, hubo un retraso en los Mínimos no imponibles del Impuesto a los Bienes Personales.

Dentro de las consecuencias que podría traer la suba de este impuesto, Di Pace enumeró: "habrá una caída de la inversión privada en el sector de la construcción, gran generador de movimiento en la industria y el empleo. Incremento de la oferta en venta de inmuebles con la consecuente caída del precio del metro cuadrado de la construcción por falta de demanda. Consecuente mayor retiro de la oferta de vivienda en alquiler con suba de precios de los alquileres”.

A su vez, esto generará algo que ya venía provocando la ley de alquileres pero esto acentuará aún más las decisiones privadas de desplazar las inversiones en el sector de la construcción e inmobiliario hacia mercados donde no solo no cobran bienes personales sino que tienen excepciones fiscales como Uruguay, Paraguay y ciertos Estados de los Estados Unidos. “Cuatro actores en una misma decisión serán perjudicados: Dueño de inmueble, Inquilinos e inversores en la construcción e inmobiliarios".