El Gobierno espera enviar en las próximas horas el Memorándum Técnico de Entendimiento con el FMI al Congreso. Nuestro país y el organismo negocian en estos momentos la redacción “palabra por palabra” del acuerdo final, luego de haber llegado a un consenso sobre el tema tarifario.

Así lo informó esta mañana la vocera presidencial, Gabriela Cerruti, quien afirmó que se están transitando “las últimas horas de la negociación”. Desde el Gobierno, habían dicho a Data Clave que ayer se trabajaba en la traducción en inglés del documento y en el tono a utilizar.

"Literal discutimos palabra por palabra el acuerdo. Cada una de ellas tiene impacto en la vida de los argentinos. Hemos llegado a un acuerdo en todos los puntos sustanciales", confirmó Cerruti.

Por otro lado, la funcionaria explicó que el retraso de las negociaciones entre el Gobierno y el organismo multilateral de crédito tuvo que ver con la reducción de subsidios a la energía. Además, confirmó el nuevo esquema que trascendió públicamente en los últimos días, que entrará en vigencia a partir de abril “cuando se realice una nueva audiencia pública a finales de abril próximo” durante el bienio 2022-2023.

El Ministerio de Economía tenía previsto, y anunciado oficialmente, un esquema de aumento en las tarifas de energía en promedio del 20% a lo que se sumaría una segmentación para 500.000 usuarios del Amba que pasarían a pagar la boleta completa. 

La suba en el precio del Gas Natural Licuado, insumo clave que se utiliza para generar energía en nuestro país, ya venía en aumento y la invasión de Rusia Ucrania presionó los precios todavía más. Esta dinámica encarece los subsidios y fue la excusa del FMI para pedir un aumento generalizado del 60%, por encima de la inflación esperada en torno al 50% para 2022.

Finalmente, Argentina arregló con el Fondo una salida “alternativa”. Se avanzará con la etapa de aumento planteada originalmente y luego se profundizará la segmentación.

En detalle, las tarifas de los sectores de menores ingresos, que tienen tarifa social, aumentarán durante el corriente año sólo 40% de lo que lo hicieron los salarios medidos por el índice de variación salarial de 2021, mientras que habrá subas del 80% de ese indicador para los demás hogares.

Esta propuesta va en línea con la Ley de Emergencia Tarifaria que vetó Mauricio Macri en 2018, cuando la intención de la oposición en aquel momento era que las tarifas fueran por detrás de los salarios luego de los "tarifazos" de 2016 y 2017.

Según explicó Cerruti, el índice de variación salarial (CVS) que se utilizará para este año será el que finalizó en 2021 en 56,5% por lo que durante 2022 la mayoría de los usuarios podría registrar, de aplicar el 80% de ese indicador, subas aproximadas al 40%.

Por otro lado, la vocera presidencial sostuvo que “durante los años 2022 y 2023 no podrán contemplarse otros incrementos por encima de los topes previstos, para las categorías de segmentación de usuarios b) y c), si el Gobierno realiza una implementación exitosa del esquema de segmentación propuesto. Para el año 2022, se incluirán para el cálculo, los incrementos aplicados durante todo el año calendario”. 

Fuentes del Gobierno explicaron a Data Clave que, como ya se había aplicado un aumento del 20% que comenzaba a regir este mes y el tope de incremento será 40% quedará pendiente un 20%. "Para los más vulnerables ya no hay aumento. Porque como es el 40% de CVS, eso da 20%", añadieron.

Las fuentes dijeron que la propuesta para los usuarios no residenciales, contempla el pago de la tarifa plena para los Grandes usuarios de distribuidor (Gudi), como las industrias, y para el resto “se procederá con una revisión tarifaria según la propuesta definida en la audiencia pública”.

En tanto, remarcaron que se desarrollará un plan energético de mediano plazo que incluirá acciones tendientes a: (i) incentivar la inversión privada y pública para aumentar la generación y transmisión de energía, incluyendo la construcción de gasoductos y la expansión de la capacidad de producción de GNL y energía renovable; (ii) reducir las pérdidas en el segmento de distribución mediante mejoras en los medidores, la facturación,y la cobranza; (iii) mejorar la eficiencia del consumo energético y la conservación del recurso; (iv) fortalecer la focalización y la progresividad de los subsidios energéticos; y (v) asegurar que, con el tiempo, las tarifas energéticas de los consumidores finales residenciales  y no residenciales reflejen mejor y de manera más predecible los costos mayoristas del gas y la electricidad.

Ahora, el Ejecutivo espera anunciar el entendimiento completo en las próximas horas y enviarlo al Congreso. Ese paso será fundamental para dar por cerrado un acuerdo completo antes del 22 de marzo cuando vencen US$ 2.800 millones.