Entre el próximo 15 de septiembre y el 30 de noviembre, día que finalizan las sesiones ordinarias, el Parlamento debería tratar el proyecto de Presupuesto 2021 y, luego de los debates y eventuales cambios, convertirlo en ley. Por eso, el gobierno ha enviado la semana pasada al Congreso los lineamientos para el Presupuesto 2021.

En este avance se establecen los cuatro aspectos estructurales de la economía argentina sobre los que se propone trabajar prioritariamente. El primero sostiene la necesidad de impulsar un cambio “para lograr una estructura productiva distinta congeniando la persecución de ganancias individuales por parte del sector privado con la creación de empleo de calidad y la generación genuina de divisas”. El segundo enfatiza la necesidad de “aumentar el empleo y fortalecer la inclusión y la generación de oportunidades para las y los argentinos”. El tercero requiere “la intervención activa y multidimensional por parte del Estado”. Finalmente, el cuarto establece que “el Estado debe generar las discusiones y los ámbitos institucionales necesarios para lograr un diálogo social plural y democrático”.

No hay dudas: en estos lineamientos generales se percibe un cambio sustancial en el modelo de Estado y de sus funciones con relación a la economía y a la sociedad. Venimos de cuatro años de prédica del Estado canchero: el que sólo preparaba el terreno para que los privados hicieran sus negocios. Por el contrario, en este avance del Presupuesto se propone un Estado presente, es decir, que no sólo corta el pasto y prepara la cancha sino que, además, interviene fijando las reglas del juego y estableciendo los derechos y obligaciones de cada uno de los jugadores.

En el diseño del Presupuesto se visualiza la acción activa del Estado y ello se expresa en las propuestas de las políticas monetarias, en el tipo de administración de las divisas, en la modalidad de regulación de los precios y los salarios, en el avance con el canje de la deuda defendiendo su sostenibilidad, y en el desarrollo de un plan integral de obras públicas vinculadas a las necesidades de las mayorías, entre muchas otras cuestiones.

El Gobierno actual, en el medio de las crisis —la producida por las políticas del gobierno anterior y la generada por el virus—, esboza en su avance de Presupuesto los lineamientos de un proyecto de país superador del modelo de la globalización financiera. Se suman a las propuestas anteriores: la de impulsar un plan de desarrollo económico inclusivo que potencie las capacidades productivas, el desarrollo de las PyMEs, la utilización de la mano de obra en condiciones de trabajo dignas y con derechos y la canalización de los excedentes monetarios generados en el escenario de la pandemia hacia la reinversión productiva y el ahorro en moneda nacional, entre otros aspectos. Propone, además, avanzar hacia el diseño e implementación de “un sistema tributario más progresivo y al servicio de la inversión productiva”.

La discusión del Presupuesto 2021 en el Parlamento este año seguramente coincidirá con la transición desde la anormalidad de las dos pandemias a un comienzo gradual de retorno a la normalidad. Una de las principales novedades, en ese proceso, es la decisión de seguir consolidando un Estado activo al frente de un proyecto económico de crecimiento con la gente adentro. Estamos ante otra idea de Estado para el desarrollo de otra idea de país.