Una de las mayores dificultades que está teniendo la recuperación de la economía es la creación de puestos de trabajo formales. Según un estudio del Instituto para el Desarrollo Social Argentino (Idesa), “para terminar con los planes sociales se necesita aumentar 50% el empleo”.

Transformar “los planes en trabajo” es una de las frases más repetidas por todos los espacios políticos, sobre todo en campaña. En tanto, el Gobierno viene impulsando algunos programas de “empalme” que en el pasado no han mostrado muchos resultados.

“La transformación de planes en empleos de calidad es un desafío enorme por la magnitud y características de las personas involucradas. Por eso, propuestas que no contemplen un ordenamiento integral del Estado y una modernización de las instituciones laborales son puro voluntarismo y oportunismo”, sostuvo el trabajo de Idesa.

El Ministerio de Desarrollo Social publicó hace poco un informe sobre las personas inscriptas en el Registro Nacional de Trabajadores de la Economía Popular (RENATEP). Allí se muestran sus magnitudes, las características personales, las formas de organización de las unidades productivas, la distribución territorial y las ramas de actividad de las personas que se desempeñan en lo que se denomina la “economía popular”.

El Registro visibiliza a individuos que reciben asistencia social a través de las Organizaciones Sociales. El grupo predominante son las personas que colaboran en comedores y merenderos comunitarios. Otras categorías ocupacionales importantes son las personas que desarrollan actividades de limpieza, agricultura, vendedores ambulantes y construcción. 

“Dentro de la información que aporta el estudio, resaltan datos de partida muy sugerentes para el desafío de convertir los planes asistenciales en empleos de calidad”, dijo Idesa. 

Según esta fuente se observa que: el total de asalariados formales en empresas privadas en Argentina asciende a 5,9 millones de personas, mientras que los inscriptos en el RENATEP son 2,8 millones de personas. Esto significa que por cada 2 asalariados formales privados hay 1 inscripto en el Registro de la “economía popular”.

“Estos datos muestran que para que los inscriptos en el Registro tengan una oportunidad laboral decente las empresas deberían aumentar en un 50% el empleo”, apuntó el estudio. 

Idesa

Por otro lado, señalaron que, suponiendo que la producción crece a razón del 3% anual (meta prevista en el Presupuesto 2022) y que por cada 1% de crecimiento del producto, el empleo asalariado registrado crece 0,5% (lo observado en períodos de crecimiento) se necesitarían 25 años para generar los empleos necesarios a fin de convertir los planes en empleos de calidad.

“En el norte argentino el desafío llega a niveles extremos porque hay más inscriptos en el Registro que empleos formales en empresas privadas”, agregó el instituto.

De todas formas, en el trabajo se comentó que para generar semejante expansión del empleo se necesitaría multiplicar las empresas y eliminar los factores que desalientan la contratación en relación de dependencia. “Esto requiere una profunda transformación de las instituciones laborales para sustituir reglas vetustas y socialmente ineficaces. Pero el principal desafío es abordar el ordenamiento integral del sector público”, afirmaron. 

Otro punto de conflicto que remarcó el informe es la “baja calificación de las personas que viven de la asistencia social”. Por esto, solicitó el instituto, se necesita un sistema educativo menos sometido a los “intereses corporativos” y más comprometido con reducir la deserción escolar y mejorar la calidad de la educación.

“Promover la economía popular con exenciones y subsidios sirve para eternizar el asistencialismo, pero no aporta soluciones. Es funcional al interés de los líderes piqueteros y de las burocracias públicas asociadas a ellos, pero ineficaz para darle a la gente la oportunidad de acceder a un empleo de calidad y una vida de prosperidad”, concluyó Idesa.