El Gobierno comenzó el diálogo con inquilinos, propietarios e inmobiliarias para encontrar consensos que permitan alcanzar una nueva Ley de Alquileres. Las cuatro partes coinciden en que la situación habitacional es crítica, aunque la solución se atrasó respecto a la urgencia de la problemática.

Los precios de los alquileres son la principal restricción a la hora de acceder a un inmueble. "Si bien alquilar puede implicar problemas a la hora de obtener garantías o pagar las comisiones, el costo del alquiler es la primera -y en muchos casos la mayor- barrera de ingreso", sostiene el Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz (Ceso).

La principal explicación que ofrecen a la suba de precios es la falta de unidades para alquilar. La baja rentabilidad que deja a los propietarios el alquiler hace que sea más redituable ponerlos a la venta. Así lo expusieron al secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, en una reunión que mantuvo con representantes de la Cámara Inmobiliaria Argentina (CIA).

Durante el encuentro, las autoridades de la cámara plantearon sus preocupaciones y análisis sobre la escasez de oferta de bienes para alquilar y la sobreoferta de propiedades para la venta, a pesar del bajo nivel de operaciones en este rubro. Según se estima, hay 120.000 viviendas publicadas en venta en la Ciudad de Buenos Aires, cuando el promedio histórico es 50.000. 

Entre las problemáticas que se plantearon, Feletti manifestó la necesidad de fomentar el incremento de la oferta y remarcó su preocupación por lo que definió como “una situación cada vez más precaria de las y los inquilinos” debido a la dificultad de acceso a propiedades para alquilar.

En el encuentro, se acordó generar una mesa de trabajo de la que formen parte agentes inmobiliarios, inquilinos y propietarios para encontrar soluciones que beneficien a todos los actores involucrados y reactiven el sector. Los propietarios e inmobiliarias apuntan directamente contra la ley de alquileres.

Por su parte, el reclamo de los inquilinos se centra en la “falta de control” por parte del Estado ante la posición de los propietarios e inmobiliarias. Lo cierto es que a la hora de renovar un contrato, y con la imposibilidad de aumentos fijos por la normativa vigente, hay un proceso de "cobertura" en los precios que perjudica el acceso. 

La norma fue sancionada en el Senado en junio de 2020 y entró en vigencia en julio. Igualmente, había sido impulsada por Juntos por el Cambio y aprobada en Diputados en noviembre de 2019. Ahora, el oficialismo busca tomar el reclamo que venía haciendo la oposición, por una ley que hace algunos meses era respaldada por los funcionarios, y realizar cambios.

En noviembre pasado, al participar del acto por el Día de la Construcción en el edificio de la Confitería del Molino, el titular de la Cámara baja, Sergio Massa, había considerado necesario “discutir una nueva ley de alquileres” porque la vigente “fracasó”.

Actualmente, el equipo de Massa continúa trabajando con este tema, pero con menor intensidad. En el medio, hubo meses agitados por el proyecto de Presupuesto 2022, el acuerdo con el FMI y ahora las sesiones extraordinarias en la que no ingresó un proyecto de modificación para los alquileres.

En tanto, en principio se buscará modificar dos ítems principales dentro de la ley con los que el mercado no está contento. El primero será la fórmula por la cual se actualizan los contratos de alquileres una vez al año, que se hace a partir de un índice que realiza el Banco Central y combina en partes iguales el índice de salarios y la inflación del período. El otro punto será la duración de los contratos que con la nueva normativa se extendió de dos a tres años.

Según una encuesta realizada por la plataforma inmobiliaria Zonaprop, ocho de cada 10 propietarios consideraron que la Ley de Alquileres los perjudicó: un 58% se vio afectado por la indexación anual del aumento del alquiler y otro 58% por la extensión del plazo del contrato a tres años. En tanto, un 44% no está de acuerdo con tener que registrar el contrato de alquiler en la AFIP.