El Gobierno busca acelerar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en las próximas horas. El pago de este viernes, por US$ 731 millones, todavía no fue confirmado y marca la tensión de las negociaciones. Argentina pide tiempo y el organismo un ajuste más rápido de las cuentas públicas.

Las Reservas Netas del Banco Central alcanzan solo para cubrir hasta el vencimiento de intereses del 1 de febrero (US$ 366 millones) y no para el 21-22 de marzo que es el primer pago “grande” al organismo, cuando hay que abonar US$ 2,824 millones. Ese sería el famoso “deadline” que suele marcar el mercado para llegar a acordar un programa con el FMI.

En ese contexto, Data Clave consultó a cinco economistas sobre su visión de la marcha de las negociaciones y las implicancias de un atraso en los pagos de Argentina, en el caso de que no prosperaran las negociaciones. En principio, todos coinciden en que finalmente se llegará a un entendimiento y que lo contrario tendría consecuencias muy negativas para toda la economía en el corto plazo. 

En ese sentido, el economista de IDEA y consultor de Invecq, Santiago Bulat, consideró que habrá un acuerdo pero que llegaría en marzo. “Si bien las negociaciones son confidenciales, veo que estamos lejos entre las exigencias del Fondo para un programa más consistente que el que Argentina quiere poner sobre la mesa”, dijo en diálogo con Data Clave.

El FMI quiere superávit fiscal en 2024. Para el Gobierno argentino un plazo razonable para llegar a ese objetivo es 2026. En tanto, Bulat afirmó que “es viable llegar al déficit cero” en estos años que plantea el Fondo.

“Los programas de Facilidades Extendidas, que es lo que se está negociando, suelen dar dos o tres años para alcanzar ese objetivo. Me parece que el problema está en las inconsistencias actuales de la economía más que en el sendero fiscal”, agregó.

Ante la consulta sobre las consecuencias de un posible retraso, el economista de IDEA respondió que se puede esperar “un riesgo país más alto, un tipo de cambio presionando al alza. Un poco lo que hoy se está viendo en el mercado”. Además, destacó que no pagarle al Fondo tampoco significará tener más dinero para financiar las cuentas públicas.

Por su parte, el director de LCG, Guido Lorenzo, ante la consulta de Data Clave consideró que la posición del organismo multilateral de crédito sigue siendo “la misma de siempre”. Sin embargo, subrayó que en esta oportunidad “no se viene pidiendo reformas estructurales, como la reforma laboral, sino una baja del déficit. Esa sí es la posición típica y esperable del organismo. La de siempre”.

En cuanto a lo que se puede esperar de un escenario de “no acuerdo”, proyectó “una brecha más alta, menor financiamiento y mayor emisión monetaria. Eso va a redundar en el corto plazo en una inflación mayor”. 

“Con precios por encima del 50% no podés pensar que la economía real es ajena a la inflación o la brecha cambiaria. Qué plan de negocios puede tener una rentabilidad esperada creíble cuando los precios se mueven tanto entre un mes y el anterior. No tenés referencia del valor que vendes tus productos ni de los salarios que estás pagando”, profundizó Lorenzo.

El Gobierno sostiene que acordar en los términos que pide el organismo sería frenar la recuperación de la economía, que en 2021 fue del 10% y que dejó un arrastre estadístico del 3% para 2022. Alcanzar esa cifra será todo un desafío.

“Un acuerdo va acompañado de un ajuste que va a frenar la economía, pero serían peores las consecuencias de que no haya un acuerdo. Después de firmar hay que ver si se pueden cumplir las pautas, en 2023 hay elecciones y dudo que cualquier tipo de signo político pueda afrontarlas”, mencionó Lorenzo.

En tanto, el director de la Fundación Libertad y Progreso, Aldo Abram, dijo a Data Clave que sería “muy inentendible” el atrasarse con los próximos dos pagos que debe hacer Argentina al organismo. “El Gobierno viene pagando por ver. En el medio se perdieron reservas del Banco Central. No tiene mucha lógica no pagar ahora”, apuntó . 

“Por otro lado, más allá de las ideas que tiene el Gobierno, y su programa, considero que son inteligentes y buscarán la mejor solución”, agregó el economista. “El problema es que no están dispuestos a bajar el gasto del Estado porque creen que eso va a generar una caída de la economía, la realidad es que lo que genera el crecimiento es el sector privado y productivo”, remarcó.

En el escenario de que no se llegue a buen puerto en las negociaciones. “Va a haber una fuga de capitales masivo, los bonos van a tener precio de default. Y será peor a medida que la situación se prolongue. Las consecuencias para la economía van a ser terribles en ese caso”, estimó Abram.

En respuesta a Data Clave, el economista de la Universidad Nacional de Avellaneda, Sergio Chouza, dijo que “Argentina tiene la voluntad de llegar a un acuerdo, el mejor posible en base a las premisas de mantener el crecimiento y generar las divisas necesarias”.

En cuanto a las negociaciones, expresó que pagar el vencimiento de este viernes sería una “señal de buena voluntad, de tener los pies en el plato”. “No es un monto muy pesado y se puede pagar gran parte con los DEGs que no son tan fáciles de transformar en dólares. No hay fondos para afrontar los pagos de marzo”, añadió Chouza.

“Para la economía real toda hipótesis de resolución fatídica será mala”, aseguró el economista de la UNDAV. “Se prevé convulsión macroeconómica, algún tipo de desborde en los tipos de cambio paralelos, se van a volver más rígidas las condiciones crediticias con suba de tasa de interés para evitar la salida de pesos al dólar”, detalló.

“También veríamos un impacto de la inflación más temprano que tarde, porque las empresas van a querer cubrirse con precios al alza. En definitiva, se reduciría la tasa de crecimiento potencial de la economía en el corto plazo en contraste con lo que podría pasar con un buen acuerdo. Sería un escenario muy malo”, concluyó Chouza. 

Por último, el director de Eco Go, Sebastián Menescaldi, afirmó a Data Clave que “si no se realiza el pago el mercado puede reaccionar negativamente, con una mayor demanda de dólares por parte de los importadores, más brecha cambiaria, más inflación y más cepo por parte del Banco Central”. 

Igualmente, Menescaldi mencionó que podría haber matices en las lecturas. “Si no se paga, pero hay un anuncio de un acuerdo inminente se puede frenar dicho proceso negativo”.

Ante la versión de que el Gobierno busca que China amplíe el canje de 130.000 millones de yuanes (unos US$ 20.600 millones) a otros 20.000 millones de yuanes (unos US$ 3.000 millones) adicionales, según informaron fuentes oficiales a Bloomberg, el director de Eco Go concluyó que “ese swap podría generar tranquilidad para atravesar febrero, que es el mes con menor ingreso de divisas por exportación”.