La interna por las tarifas: el "toma y daca" que aplicó Guzmán para contentar al kirchnerismo
El ministro de Economía hizo equilibrio entre el pedido del FMI y las pretensiones de la Secretaría de Energía, referenciada en Cristina Kirchner. El tarifazo será para la población de mayor poder adquisitivo. La amenza de la guerra en Ucrania para el plan acordado con el organismo.
El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional dejó expuesta la resolución del tema tarifario, una interna que mantenían la Secretaría de Energía a cargo del kirchnerismo y el ministro de Economía, Martín Guzmán. Al respecto, hay dos lecturas posibles: la primera es que el titular de Hacienda pudo imponer aumentos en las tarifas mayores a los que quería ese sector del Gobierno, la segunda es que en definitiva fue un “toma y daca”.
La postura inicial, que había impuesto la secretaría de Energía Eléctrica a cargo de Federico Basualdo, referenciado en Cristina Kirchner, era una suba del 20% para todos los hogares y una quita de subsidios total para el 10% de mayores ingresos en el país especificado por zona geográfica.
El año pasado, las tarifas permanecieron prácticamente congeladas en una pulseada que perdió el ministro de Economía. El conflicto en Ucrania se sumó a la disparada en el precio del Gas Natural Licuado con el que se produce energía en Argentina y dio por tierra el pan del 20%
El FMI pedía un incremento general del 60%, mayor a la inflación prevista por las consultoras para todo el año en torno al 50%. Guzmán hizo equilibrio entre lo que pedía el organismo y lo que pretendían sus funcionarios “rebeldes” y finalmente pactó una segmentación en tres niveles en base al coeficiente de variación salarial de 2021.
En 2021 el CVS subió 53,4%. Por lo tanto, para los que tengan tarifa social la suba será del 21,36% y para el resto será del 43%, poco más del doble de lo previsto originalmente. Este último segmento no es menor, ya que representa cerca de 10 millones de familias, según los cálculos del economista en jefe del Instituto de Energía General Mosconi, Alejandro Einstoss.
En tanto, para el 10% de mayor poder adquisitivo que deberá afrontar un incremento del 200% en su factura debido a la quita total de subsidios. Esto significa que se triplicarán las boletas para ese segmento poblacional que, si pagaba $2.000 de luz o gas, podrían pagar $6.000 a finales del 2022.
El nuevo esquema podría ser un guiño intermedio para el ala kirchnerista. Un aumento generalizado por debajo de los salarios que se ampara en una ley votada para frenar los tarifazos de Macri y sí un tarifazo para el sector de mayores ingresos. Habrá que esperar a la votación en el Parlamento para saber si eso convence a toda la tropa del Frente de Todos. Los mensajes de La Cámpora en los últimos videos publicados, por ahora, son de rechazo.
El acuerdo con el Fondo enviado al Congreso consigna que el escenario base supone una reducción de los subsidios a la energía en 0,6% del PIB en 2022. “Nuestro escenario base está sujeto a importantes incertidumbres, lo que implica que es posible que las políticas tengan que recalibrarse según corresponda”, explica el documento.
En ese sentido, se detalla que no se puede descartar una mayor “reintensificación de la pandemia, con el potencial riesgo de circulación de nuevas variantes del virus, eventuales medidas restrictivas y perturbaciones del comercio”.
Además, señala que la intensificación de la guerra en Europa del este “ha aumentado significativamente la incertidumbre alrededor de nuestro escenario base, especialmente para los subsidios de energía”.
La interna tarifaria mostró un coletazo más esta semana con la renuncia del asesor de la cartera económica, Javier Papa, quien previamente había ocupado el cargo de Subsecretario de Planeamiento Energético.
En su carta de renuncia comentó: “Impulsan mi desvinculación las continuas medidas de corto plazo que no se condicen con un rumbo económico desarrollista de mediano y largo plazo, que nuestro país tanto necesita”.
Sin embargo, la renuncia del funcionario tuvo que ver con un problema puntual del plan energético del Gobierno. La empresa estatal IEASA aún no compró los 60/70 barcos de gas que precisa Argentina durante el invierno. Esto iba a darse antes de la guerra en Ucrania, que disparó 55% los precios del GNL en el mercado europeo. Eso va a encarecer los costos de importar energía y puede atentar contra el plan de reducción de subsidios acordado con el FMI.