Según el estudio "el primer semestre de este año combina básicamente dos eventos, uno de carácter económico y otro sanitario. Por un lado, el agotamiento del proceso de recuperación económica que, a partir del mes de febrero, comienza a exhibir tasas mensuales negativas y, por otro lado, el agregado de un conjunto de restricciones a la circulación en el marco de la segunda ola del Covid aunque más laxas que las experimentadas durante el año 2020".

Para Lozano y el equipo que coordina junto a Ana Rameri, "la desaceleración de la actividad económica, la tendencia inflacionaria continuó siendo relevante alcanzando tasas mensuales de crecimiento de los precios superiores al 4% (en marzo fue del 4,8%) poniendo en evidencia el fracaso de la política gubernamental en el control de precios y la dificultad para disciplinar a los grupos oligopólicos que lograron concentrar los acotados márgenes de recuperación de los meses previos. Ello generó un contexto en el cual los salarios reales tuvieron hacia junio una caída interanual del 4,8%".

Tal regresividad distributiva, por lo tanto, no pudo traducirse en un alivio para las condiciones de vida de la población, ya que "la tasa de pobreza que al finalizar el 2020 era del 45,3% apenas descendió al 42,2% al primer trimestre (descontando el efecto aguinaldo ya que la efectivamente observada fue del 39,4%). Sin embargo, la remarcación en los precios de los alimentos y bebidas superó todas las metas convenidas en los programas oficiales (Precios Cuidados y otros) y las góndolas reflejaron tasas interanuales para este capítulo superiores al nivel general".

Este comportamiento indica, principalmente que "el relajamiento de la contención del gasto social (vía bonos, actualizaciones salariales) permitió sostener en los mismos niveles la pobreza que prácticamente quedó estancada en el 42%, administrando una situación social que pudo haber empeorado si consideramos que durante estos meses impactó la segunda ola y una nueva emergencia sanitaria".

La acertada decisión de duplicación de la cobertura de la Tarjeta Alimentar a partir del mes mayo y la actualización de sus valores, permitió incluso descender los niveles de indigencia en medio de una situación de crisis, al 10,3% lo cual refleja la efectividad de este tipo de medidas, pero al mismo tiempo, la necesidad dependiente de profundización.

Lo preocupante es que, al comparar con los niveles previos a la pandemia, los niveles actuales de pobreza se mantienen por encima incluso del peor momento de la recesión provocada por la gestión de Cambiemos. 

"Más allá del ejercicio estadístico, ahorrarle sufrimiento social al pueblo argentino exige poner en el centro de la discusión cuales son las mejores estrategias para impulsar ya un shock distributivo que mejore de manera inmediata la distribución del ingreso, y por esta vía expanda la demanda en el mercado interno acelerando la tasa de crecimiento", sostiene el informe. 

"Esta definición debe empalmarse con un programa de largo plazo que transforme la estructura productiva en base a la incorporación de progreso técnico y el ahorro de divisas vía el impulso de una estrategia de sustitución de importaciones", finaliza el trabajo.