Guzmán apunta a los subsidios "pro-ricos" y el kirchnerismo advierte por efecto en ingresos
Energía ya publicó los nuevos criterios para la quita de subsidios a los sectores de mayor poder adquisitivo. La principal diferencia que marcan cerca de CFK es el impacto de los incrementos que se darán a partir de junio en los estratos medios y altos. La intención de cumplir con el FMI, un esquema de asistencia "no progresivo" en muchos aspectos y un posible impacto en la economía.
Los próximos aumentos de tarifas prometen seguir profundizando la interna en el Gobierno. El Ministerio de Economía ya definió los criterios para segmentar los subsidios de luz y gas amparados en el carácter “pro-rico” de esas erogaciones. En el kirchnerismo señalan que los incrementos en las boletas generarán un golpe al bolsillo y presión inflacionaria, a pesar de que no habrá una reducción significativa del déficit.
La próxima semana se realizarán las audiencias públicas para discutir los aumentos en las tarifas y la Secretaría de Energía publicó un informe técnico en el que se especificaron los criterios que se tendrán en cuenta para identificar a los usuarios que pasarán a pagar la tarifa plena en junio. El documento fue realizado por la subsecretaría de Planeamiento Energético a cargo de Santiago López Osornio, único funcionario del área que responde al ministro de Economía, Martín Guzmán.
El texto señala que se identificará “al 10% de mayor capacidad de pago” a partir de la combinación de información relativa al patrimonio con información de ingresos disponibles en el Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (SINTyS). En definitiva, habrá un amplio margen que tendrá en cuenta la ubicación geográfica-espacial y características socioeconómicas.
Otra vez, Guzmán-Basualdo
El universo estimado de titulares que dejarían de percibir los subsidios en el Área Metropolitana de Buenos Aires es de 921.778 en el caso de la energía eléctrica y de 760.600 titulares en el caso del gas residencial. Esta implementación choca con un informe que había enviado hace algunas semanas el subsecretario de Energía Eléctrica, Federico Basualdo, quien Guzmán intentó sacar de su cargo sin éxito ante el respaldo que tiene de Cristina Kirchner el funcionario.
En su trabajo enviado a su superior, el Secretario de Energía Darío Martínez, Basualdo afirmó que la segmentación planteada no era posible de aplicar, que no contemplaba el principio de “gradualidad”, además de señalar que atentaría contra los ingresos y el crecimiento económico. Además, el subsecretario precisó que esos incrementos no estarían en línea con el objetivo planteado en el acuerdo con el FMI para reducir los subsidios energéticos en 0,6% del PIB.
En las últimas semanas, referentes del kirchnerismo señalaron sus diferencias con la política de ingresos de Alberto Fernández y las dificultades que eso podría traer para ganar las elecciones en 2023. Para los díscolos, los servicios públicos funcionan como un ingreso indirecto y son una de las principales banderas que se levantaron luego de los tarifazos entre 2016-2019.
“Es necesario que pongamos mucho esfuerzo el año que viene para que los precios de los alimentos, los salarios, las tarifas vuelvan a alinearse en un círculo virtuoso que permita aumentar la demanda y la actividad económica”, había advertido CFK en diciembre de 2020. Aquella intervención en el Único de La Plata fue el preludio de la derrota del oficialismo en las elecciones y de la carta pública de la vice señalando sus descontentos con la gestión económica.
Subsidios “pro-ricos”
En el informe de López Osornio se explicita una de las posturas que viene sosteniendo Guzmán desde el inicio de la gestión: el esquema de subsidios en Argentina beneficia más a los sectores de altos ingresos, es decir, es “pro-rico”. Esa visión fue la primera diferencia pública entre el kirchnerismo y la visión del ministro de Economía.
“Los hogares de mayores ingresos tienen un mayor consumo energético que los hogares de menores ingresos y por lo tanto reciben un monto mayor de subsidios. Ese sesgo pro-rico, sin embargo, se ve acompañado de un sesgo progresivo en la medida que el monto de los subsidios recibido por los hogares de menos ingresos representa un porcentaje mayor de sus ingresos”, apunta el documento.
El principal problema es que a nuestro país le cuesta mucho sostener el esquema actual de subsidios con consecuencias en diferentes aristas “socioeconómicas y ambientales”. La mayor demanda de energía requiere de importaciones que deterioran la balanza comercial y la disponibilidad de divisas para otras actividades productivas, algo que ya se nota en las pymes industriales.
En tanto, los subsidios también impactan de manera significativa sobre las cuentas públicas. “Las partidas destinadas desde el sector público a la cobertura de subsidios energéticos han sufrido aumentos notorios, impactando no sólo en el resultado fiscal (déficit primario) sino también en características que hacen a la calidad del gasto, sobre todo en relación a la progresividad o regresividad del mismo”, menciona el informe de López Osorio. Es que la reducción gradual del rojo primario de 3% en 2021 al 2,5% en 2022 y su baja gradual en los próximos años está comprometida por esta dinámica.
Para tener en cuenta, la consultora Economía y Energía resaltó que el nivel de subsidios será récord este año y podría llegar a los US$ 16.756 millones, superando al máximo anterior de 2015 (US$ 15.753 millones). Esto redundaría en una suba significativa contra los US$ 11.000 millones del 2021.
Problema de fondo
Un informe reciente del CEQ de la Tulane University, realizado por la economista e investigadora Nora Lustig junto a su equipo, analizó la estructura tributaria de Argentina en 2017 y sostuvo que nuestro país “es un caso atípico en cuanto a la reducción de la desigualdad y la pobreza a través de la redistribución”.
No obstante, los autores afirman que el gran impacto positivo del sistema tributario se debe principalmente a su tamaño, y no a su progresividad. El Estado de Argentina es el más grande de América Latina y muy similar a países avanzados con grandes niveles de bienestar.
Sin embargo, apuntó el estudio, algunos de los componentes del gasto exhiben un desempeño pobre en términos de progresividad y gastan recursos significativos en los “no pobres”: “La clase media y los ricos reciben casi el 54% de lo que se gasta en transferencias directas y tanto como el 76,4% de las subvenciones”, afirman los autores.
“En conclusión, Argentina tiene un gran estado redistributivo con muchas fugas e ineficiencias que representan una amenaza para la estabilidad macroeconómica, el crecimiento y la propia sostenibilidad de la redistribución. Por lo tanto, es de suma importancia pensar cómo se deben aplicar los impuestos, las transferencias y los subsidios”, concluyó el estudio.