El secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, se reunirá durante las últimas horas de la tarde con empresas de consumo masivo y comercializadoras para avanzar hacia un congelamiento de precios de 1.247 productos de primera necesidad por 90 días. Las productoras solicitarán una canasta más acotada, mientras que Feletti amenazó con aplicar políticas de “precios máximos no consensuadas” en caso de no arribar a un acuerdo.

El debut del nuevo secretario de Comercio Interior dio lugar a una convocatoria, el miércoles último, a empresarios del sector alimenticio para retrotraer los precios al 1 de octubre y mantenerlos hasta el 7 de enero. El viernes, el funcionario amenazó con que, de no llegar a un acuerdo hoy mismo, “aplicaría políticas de precios máximos no consensuadas”.

Esta postura del Gobierno se da luego de conocer que en septiembre, a dos meses de las elecciones, el Índice de Precios al Consumidor se aceleró por encima del de agosto y finalizó en 3,5%. En los despachos oficiales ya venían manejando ese porcentaje, en tanto esperan para octubre un valor similar o incluso mayor.

En la reunión de hoy, al igual que en el encuentro realizado el miércoles pasado, participarán directivos de las empresas Diarco, Maxiconsumo, Vital, La Anónima, Coto, Día, Changomás y Carrefour, así como de la Asociación de Supermercados Unidos (ASU), de la Cámara Argentina de Supermercados (CAS), de la Federación Argentina de Supermercados y Autoservicios (FASA) y de la Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas.

También serán de la partida autoridades de la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (COPAL), y de las firmas Swift, Alicorp, Ledesma, Sancor, Prodea, Ilolay, Danone, Cabrales, Coca Cola, Unilever y Fecovita, Saraco, entre otras.

En principio, los supermercados y mayoristas están dispuestos a acompañar la propuesta de Comercio Interior. Por su parte, las empresas que fabrican los productos en cuestión no quieren un congelamiento obligatorio, a la vez que buscarán una canasta más acotada.

Durante el fin de semana hubo conversaciones entre los integrantes de la COPAL para unificar posturas, algo que se repetirá hoy antes del encuentro con Feletti. Todos los miembros quedaron en acercar propuestas en base a su estructura de costos, realidad de mercado y posibilidades.

Hasta el momento, y como gesto de buena voluntad, las empresas quisieran incluir los 670 artículos que forman parte del programa Precios  Cuidados y los 70 de terceras marcas del Súper Cerca. Este último buscaba congelar precios en comercios de cercanía con los valores impresos en los packagings, pero no tuvo éxito.

Por su parte, desde el Gobierno sostuvieron que “Hay intención de diálogo, hay intención de negociación y hay voluntad de que prospere un acuerdo. Lo que no se va a modificar es la decisión política de establecer una canasta amplia con precios retrotraídos al 1 de octubre y vigentes hasta el 7 enero”. Además, añadieron que la decisión “se están acercando posiciones para que haya un acuerdo, pero la decisión del Gobierno es inamovible".

El mayor miedo de las empresas es que las tensiones crezcan y, ante la necesidad de mostrar resultados de cara a los comicios, el oficialismo aplique congelamientos obligatorios como ocurrió con el programa Precios Máximos cuando comenzó la pandemia. 

Un estudio de la consultora Ecolatina precisó que la suba de estos productos quedó en 15 puntos porcentuales (p.p.) por debajo de la inflación general en 2020, uno de los principales reclamos de las fábricas. “De esta manera, el atraso acumulado desde marzo de 2020 y de este nuevo congelamiento, rondaría casi 40 p.p. al cierre del 2021”, concluyó el trabajo.

En caso de no aceptar la solicitud del Gobierno o no alcanzar un acuerdo con una contraoferta, el secretario de Comercio Interior podría echar mano a la Ley de Abastecimiento que “regula la compraventa, permuta y locación de cosas muebles, obras y servicios, que satisfaga —directamente o indirectamente— necesidades comunes o corrientes de la población”, además de las “penalidades para los infractores”.

El artículo 2 de la norma sancionada en 1974 y modificada en 2014 prevé que el Ejecutivo podrá imponer "márgenes de utilidad, precios de referencia, niveles máximos y mínimos de precios, o todas o algunas de estas medidas" y además "dictar normas reglamentarias que rijan la comercialización, intermediación, distribución y/o producción".