El Gobierno reglamentó el impuesto a las grandes fortunas: pagarán por única vez 12 mil personas
Se establecieron las tasas del aporte según el rango de fortuna. Se incluyó el destino de los fondos recaudados. Cómo se implementará y cuánto deberá pagar cada contribuyente alcanzado por la normativa.
El Gobierno reglamentó el Impuesto a las Grandes Fortunas y sus detalles se conocieron en el Boletín Oficial: la normativa establece un aporte por única vez de una tasa del 2% a los patrimonios de las personas físicas que hayan declarado en el impuesto a las Bienes Personales más de 200 millones de pesos, aunque la tasa va subiendo según el patrimonio.
La tasa a cobrar se irá elevando según el rango de fortuna que se haya declarado: será del 2,25% para quienes se encuentren entre los $300 y los $400 millones, del 2,50% para aquellos que tengan entre $400 y $600 millones, y del 2,75%, para aquellos patrimonios entre $600 y $800 millones.
El aporte subirá hasta el 3% en el caso de las fortunas entre los $800 y $1.500 millones y se extenderá hasta el 3,25% para quienes tengan entre $1.500 y 3.000 millones. Por último, a quienes tengan bienes que superen este último valor se les cobrará un 3,5%. De esta manera, estarían obligados a pagar alrededor de 12.000 contribuyentes.
Además, la ley 27605 determina específicamente cuál será el destino de los fondos recaudados, que serán distribuidos, a saber: en un 25% a exploración, desarrollo y producción de gas natural; otro 20% a adquirir equipamientos de salud; un 20% a Pymes; un 20% para financiar el relanzamiento de las becas Progresar, mientras que el 15% restante se utilizará para urbanización de barrios populares.
La reglamentación fija precisiones para calcular el rango de fortuna de aquellas personas que poseen acciones o participaciones en empresas, permitiéndoles, por ejemplo, descontar deudas o pasivos de las empresas a la fecha del 18 de diciembre de 2020.
Otro de los puntos de la reglamentación está referido a la excepción para las llamadas "actividades operativas" ligadas a lo productivo y no a la valorización de activos financieros: el decreto precisa que las actividades cuyos ingresos no provengan en un porcentaje superior al 50% de rentas pasivas no podrán definirse como "activos financieros".
El decreto 42/2021 faculta por otro lado a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) para instrumentar los regímenes de información a los fines de recabar datos y evitar así las operaciones de evasión impositiva.
La reglamentación se concretó a través del decreto 42/2021, tiene 12 artículos y lleva la firma del presidente Alberto Fernández, del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y del ministro de Economía, Martín Guzmán.