El Gobierno abre una base de 12 millones de precios diarios de los supermercados al acceso público
Con la nueva resolución, los consumidores tendrán acceso a una base de datos masiva que recopila precios de 3.600 supermercados de todo el país. El objetivo es facilitar comparaciones y mejorar la transparencia en la información de precios.
A partir de esta semana, los consumidores argentinos tendrán acceso a una base de datos sin precedentes que recopila 12 millones de precios diarios provenientes de supermercados de todo el país. Esta medida surge como parte de una actualización del Sistema Electrónico de Publicidad de Precios Argentinos (SEPA), creado en 2016, y apunta a potenciar la transparencia en la información de precios.
El sistema SEPA, que recibe datos de más de 3.600 supermercados desde su creación durante la gestión de Mauricio Macri, ahora se abre al acceso público. Hasta el momento, los usuarios podían acceder a la plataforma de Precios Claros para comparar precios de productos específicos en distintos comercios cercanos. Sin embargo, con la nueva resolución que se publicará este miércoles en el Boletín Oficial, la cantidad de información disponible para el consumidor será considerablemente mayor.
La idea detrás de esta apertura es que no solo los consumidores puedan comparar precios, sino que también analistas, programadores y otros interesados puedan hacer uso de la base de datos completa. Esto permitirá realizar análisis más complejos y detallados sobre la evolución de precios y su comportamiento en el mercado, algo que hasta ahora estaba limitado al ámbito gubernamental.
Desde la Secretaría de Comercio, ahora bajo la dirección de Pablo Lavigne, se está trabajando en un relanzamiento de la plataforma de Precios Claros para hacerla más amigable y funcional para el usuario común. La intención es que la herramienta sea de fácil acceso y útil para todos los ciudadanos que quieran tomar decisiones informadas a la hora de comprar.
El SEPA fue implementado inicialmente con la resolución 12/2016, que obligaba a los comercios minoristas de productos de consumo masivo a informar diariamente los precios de sus artículos. Esta normativa excluye a las micro, pequeñas y medianas empresas, focalizándose en las grandes cadenas de supermercados.
Hasta la fecha, Precios Claros permitía a los consumidores consultar los valores de más de 23.000 productos en 30 comercios cercanos a su ubicación. Además, la plataforma ofrecía la posibilidad de realizar reclamos y sugerencias sobre los datos publicados, como inconsistencias entre el precio informado y el que se encuentra en góndola.
La apertura de esta base de datos marca un cambio significativo en la política de precios del nuevo gobierno. Desde su llegada, diferentes organismos estatales han avanzado en la eliminación de sistemas considerados burocráticos y de poco impacto real en la economía, como el Sistema Informativo para la Implementación de Políticas de Reactivación Económica (Sipre) y el Sistema de Fiscalización de Rótulos y Etiquetas (Sifire), entre otros.
Esta nueva medida contrasta con la tendencia de eliminar normativas anteriores, ya que en este caso se opta por expandir y mejorar un sistema existente. El objetivo es brindar mayor transparencia y poder de decisión a los consumidores en un contexto económico donde la inflación y la dispersión de precios siguen siendo desafíos centrales.
Por otro lado, la apertura de esta base de datos podría generar nuevas oportunidades para desarrolladores y emprendedores tecnológicos que puedan aprovechar la información para crear herramientas de comparación y análisis de precios más avanzadas.
En un contexto donde la economía argentina enfrenta fuertes presiones inflacionarias, esta iniciativa podría ser un paso importante hacia una mayor democratización de la información, permitiendo a los consumidores tomar decisiones más informadas y, potencialmente, fomentar la competencia entre los comercios.
La evolución y el impacto de esta medida estarán bajo la lupa en los próximos meses, y será clave para determinar si logra cumplir con sus objetivos de mejorar la transparencia y beneficiar al consumidor en un contexto económico tan complejo como el actual.