El Gobierno tomó uno de los reclamos que venía haciendo la oposición durante la campaña y buscará modificar la actual ley de alquileres luego de considerarla un “fracaso”. Por parte de las empresas recibieron bien la decisión oficial aunque esperarán a ver los cambios propuestos, mientras que los inquilinos se mostraron en contra.

La norma fue sancionada en el Senado en junio de 2020 y entró en vigencia en julio. Igualmente, había sido impulsada por Juntos por el Cambio y aprobada en Diputados en noviembre de 2019. Ahora, el oficialismo busca tomar el reclamo que venía haciendo la oposición, por una ley que hace algunos meses era respaldada por los funcionarios, y realizar cambios.

Ayer, al participar del acto por el Día de la Construcción en el edificio de la Confitería del Molino, el titular de la Cámara baja, Sergio Massa, había considerado necesario “discutir una nueva ley de alquileres que le dé certeza al propietario y garantía y tranquilidad al inquilino para que el sector pueda desarrollar libremente ese emprendimiento noble que tiene a lo largo y ancho del país”.

“En el Gobierno anterior, el Congreso sancionó, no con mala fe sino buscando una solución a un problema, una ley que fracasó, y que pretendía asegurar a inquilinos y propietarios y terminó disminuyendo la oferta, retrayendo la posibilidad de desarrollar el negocio y generando incertidumbre y dificultades para el inquilino”, reseñó Massa. 

En tanto, en principio se buscará modificar dos ítems principales dentro de la ley. El primero será la fórmula por la cual se actualizan los contratos de alquileres una vez al año, que se hace a partir de un índice que realiza el Banco Central y combina en partes iguales el índice de salarios y la inflación del período. El otro punto será la duración de los contratos que con la nueva normativa se extendió de dos a tres años.

Para Gervasio Muñoz, presidente de la Federación de Inquilinos Nacional, "la ley de alquileres es demasiado para un gobierno como este. No hay voluntad política ni del Gobierno ni en particular del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de resolver las desigualdades entre los empresarios y quienes necesitan alquilar una vivienda”.

“El problema es la falta de regulación de los precios al inicio del contrato y la vivienda ociosa para incrementar la oferta”, destacó. "Todo lo tenemos que hacer las organizaciones. Tuvimos que hacer nosotros una página web para calcular el índice de contratos de alquiler", apuntó Muñoz.

La principal problemática de los inquilinos es que a la hora de ingresar a un alquiler o afrontar el gasto de la actualización anual. Por ejemplo, los inquilinos que firmaron contratos a principios de noviembre del año pasado tuvieron que abonar, en base al índice para Contratos de Locación (ICL), un aumento del 50%. Esto quiere decir que si venían pagando $40.000, comenzaron a pagar en el mes corriente alrededor de $60.000.

En tanto, un informe de Reporte Inmobiliario consignó que los alquileres de los departamentos en la ciudad de Buenos Aires, continúan aumentando por encima del índice de inflación acumulado. “Mientras que la inflación interanual medida por INDEC entre octubre de 2021 y el mismo mes de 2020 fue del 52,1%, los departamentos usados que se ofertan en alquiler aumentaron el 57,45% en promedio para el caso de los de un dormitorio y el 53,82% para las unidades de 3 ambientes”, detallaron.

El valor medio de toda la ciudad para departamentos de 2 ambientes usados superó en noviembre de 2021 los $32.000, mientras que las unidades de 3 ambientes cotizan en promedio no menos de $10.000 por encima. “En la comparación interanual de incrementos desde el 2009, año de inicio de la serie de valores de alquileres de Reporte Inmobiliario, noviembre 2021 muestra el mayor aumento de los 12 años comprendidos desde el inicio del relevamiento”, apuntó el portal especializado.

Para Enrique Abatti, abogado especializado en derecho inmobiliario y presidente de la Cámara de Propietarios de la República Argentina, el nuevo mecanismo de actualización es fundamental en el “fracaso de la normativa”. 

“Con la brutal suba de precios que tenemos, el locador aumentó la base para entrar a un alquiler y cubrirse de la inflación durante un año. Si un alquiler de un inmueble de dos ambientes en junio de 2020 costaba $30.000, el propietario lo ponía a $45.000”, precisó a Data Clave.

Abatti comentó también que hace algunos años la rentabilidad que le deja a un propietario tener alquilado un inmueble es la más baja de los últimos años y eso repercutió en la oferta. “La consecuencia fue que los propietarios retiraron los inmuebles porque la rentabilidad bajó mucho: desde hace un par de años la rentabilidad no supera el 2% antes de impuestos, por lo que es una inversión negativa”, indicó.

“Otro punto es que si el inquilino no cumple los procesos de desalojo son muy largos y con esta ley se le adicionaron más protocolos como una mediación previa obligatoria antes de ir a juicio”, añadió el presidente de la Cámara de Propietarios de la República Argentina.

“El Gobierno tiene razón en querer modificar la ley porque resultó una complicación para todos los involucrados. Los cambios pensados con buenos objetivos terminaron siendo perjudiciales para ambas partes”, consideró ante la consulta de Data Clave el presidente de Keymex y miembro de la Cámara de corredores inmobiliarios, Mariano Malbrán. “La realidad es que los puntos a solucionar son la posibilidad de que las partes arreglen de mutuo acuerdo un contrato”, afirmó.

“La demanda se mantuvo constante, porque el mercado inmobiliario de venta es casi nulo, entonces la gente necesita alquilar sí o  sí, y por eso hubo un aumento muy grande para ingresar y la actualización anual”, amplió Malbrán. 

Otra consecuencia que señalan las empresas es la afectación de los proyectos destinados a un alquiler futuro. Así lo definió el presidente de la Cámara Empresaria de Desarrolladores Urbanos (CEDU), Damián Tabakman. “A nosotros la ley nos generó una caída en la venta de los proyectos para alquilar. Cuando hay menos ventas se resiente toda la cadena”, dijo el constructor. 

“Tiene que volver el crédito hipotecario y tiene que volver el blanqueo, eso será un aliciente para nuestra actividad y toda la construcción. Los desarrolladores venimos golpeados por la inestabilidad macroeconómica, las elecciones que retrasaron la toma de decisiones y ahora viene el verano que tampoco ayuda mucho”, finalizó Tabakman.