Convengamos que no es fácil confeccionar un Presupuesto en un país que hace cuatro años tiene una inflación promedio del 40% anual. Todos los meses, la Jefatura de Gabinete anuncia ampliaciones o reasignaciones de partidas que alejan el dinero que gasta el Estado del cálculo original.

Para muestra, en noviembre del año pasado, se sancionó el Presupuesto para el 2021 que no contaba con previsión alguna especial para combatir los efectos del Covid 19 este año.

El Senador oficialista Carlos Caserio reconocía por aquellos días que “no están incluidos los gastos del COVID” porque “pensamos tener la suerte -y los infectólogos argentinos piensan que es muy probable- de llegar a fin de año con la curva muy aplanada”.

Más claro lo dejó el presidente Alberto Fernández quien en diciembre dijo tener previsto vacunar diez millones de argentinos para febrero, algo qué por desgracia, no sucedió.

Otro error de cálculo no menor. En el pasado mes de julio se consumió la pauta de inflación del 29% prevista para todo el año y hasta el día de hoy, no se sabe cuál será el número final, ni siquiera, una aproximación.

Cabe aclarar que la falta de rigurosidad entre lo planificado y lo ejecutado también se sucedió durante el gobierno de Mauricio Macri, pero la diferencia entre lo que se plantea y lo que se ejecuta se hace más evidente dentro del kirchnerismo. En medio de este panorama, Guzmán enfrenta la necesidad de presentar un proyecto de Ley de Presupuesto el 15 de septiembre, tres días después de que se realicen las PASO.

En frente, tendrá que decir, entre otras cosas, cómo hará para enfrentar los pagos de deuda externa que tiene el país, unos U$S2.000 millones con el Club de París, y otros U$S19.000 millones con el Fondo Monetario Internacional.

Está claro que este no es el FMI de Anne Krueger. Mucho más benevolente ha resultado Kristalina Georgieva, que propugna una mayor distribución de fondos para los países “de tamaño medio” como le gusta decir a Guzmán, y para los pobres.

Pero, así y todo, algo hay que pagar. Nadie espera que Argentina pague los U$S19.000 millones, pero ¿cuáles serán los fondos que destinará el Gobierno a ese y otros pagos? Máxime teniendo en cuenta que este año, con los precios de los productos agrícolas muy cerca de sus récord históricos, no pudo o no quiso pagar los U$S2.400 millones que vencían del Club de París.

Mucho o poco, para poder pagar “algo” como para no caer en default, Guzmán deberá lograr algún punto de superávit fiscal, o reducir el déficit de manera consistente, como para obtener una ganancia en el corto o mediano plazo, una meta que tendrá que explicar cómo lo logra en el Presupuesto.

En el medio de ese proceso, no cesan las tensiones por el presupuesto. La candidata a diputada por el Frente de Todos, Victoria Tolosa Paz pidió aumentar la carga impositiva a las grandes empresas para ayudar a las pymes y los sectores más desprotegidos.

Otros apuntan a volver a cobrar el “aporte solidario extraordinario” (que de repetirse dejaría de ser tal) más conocido como “el impuesto a la riqueza” qué entre otros beneficiarios, tiene a los movimiento sociales, que piden mayores subsidios y “puestos de trabajo”.

Como telón de fondo, este año,la economía crecerá 7%, pero no está muy claro que pueda subir otro 4% en el 2022 con la escasa tasa de inversión privada.

Solo el campo se perfila como un gran inversor. La superficie agrícola proyectada para la campaña 2021/22 podría alcanzar las 38,7 millones de hectáreas, 500.000 hectáreas más que el ciclo anterior, estimó la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).

De cumplirse esta estimación “se trataría de la mayor superficie en la historia, impulsada por la mejora en los precios internacionales”, una bonanza para el país que dependerá, como siempre, del sol y de la lluvia.