De cara a las elecciones de noviembre, el Gobierno avanzó con su plan para poner “plata en el bolsillo” con el objetivo de mejorar los ingresos. Sin embargo, el consumo todavía no repuntó y la inflación amenaza con mermar una posible mejora en el poder adquisitivo.

Según el Indicador Mensual de Actividad (IMA), que releva el Instituto de Trabajo y Economía de la Fundación Germán Abdala (ITEGA), hasta agosto la economía creció 0,3% respecto a julio, “consolidando el amesetamiento en torno a los niveles alcanzados en los meses previos al ASPO 2020”. Algo similar sucedió con la industria en ese mes, que mostró una baja de 0,6% desestacionalizada.

“Esto fundamentalmente obedece al magro repunte que se observa en el consumo, sumado al freno que se observó en lo que va del 2021 en la inversión, tras el fuerte repunte que había mostrado en la segunda parte del año pasado”, explicó ITEGA. Este es un diagnóstico que el Gobierno comparte y que en los últimos días lo llevó a tomar cartas en el asunto.

Tras la salida de Paula Español, el nuevo secretario de Comercio Interior, Roberto Felleti, se reunió con empresarios del sector alimenticio y los exhortó a congelar el precio de más de 1.000 productos de consumo masivo por 90 días. Fuentes oficiales confirmaron a Data Clave que en los próximos días habrá reuniones con otros sectores y, en particular, con fabricantes de insumos.

No cabe duda de que el dato de inflación de septiembre, de 3,5%, que el Gobierno ya venía anticipando, generó preocupación sobre la posibilidad de que el paquete fiscal post elecciones PASO se “vaya por la canaleta de la inflación”. En una entrevista televisiva, el propio Feletti reconoció que la variación de precios del noveno mes podría repetirse “o incluso estar en 4%”.

De todas formas, los recursos que el Gobierno comenzó a volcar a “la calle” después de las primarias tampoco es una masa tan significativa de recursos, algo que se explica por un ajustado margen de maniobra ante un difícil frente externo.  Un informe reciente de la consultora ACM consignó que, hasta el momento, la batería de medidas oficiales equivalen a una expansión fiscal de $126.000 millones, es decir, 0,3% del PBI.

El bajo nivel de consumo frena la actividad y la inflación amenaza al poder adquisitivo

La actual estrategia de Comercio Interior no es algo nuevo en la historia argentina, ni siquiera en 2021. A comienzos del año, los funcionarios se reunieron con empresarios y sindicatos para “concertar precios y salarios” con una pauta de precios del 29%, que el correr de los meses y la aceleración inflacionaria la dejaron sin efecto.

La consecuencia fue que durante el primer semestre los salarios quedaron por debajo de los precios y, en base a datos del INDEC, hasta junio habían alcanzado 40 meses consecutivos a la baja, ya que la última vez que le habían ganado fue en febrero de 2018.

A partir de allí, desde el Ministerio de Trabajo se incentivó la reapertura de paritarias para llevar el piso nominal de 29% a 45%, en línea con lo que después se conoció en el proyecto de Presupuesto 2022. De todas maneras, las consultoras ahora estiman que el 2021 cierre cerca del 50% por lo que los sueldos volverían a perder por cuarto año consecutivo.

Que el salario le gane a la inflación

Algunas pistas del diagnóstico que hace el Gobierno las dio Feletti, cuando destacó que cuando asumieron el peso de la canasta básica de alimentos sobre un trabajador formal, vale decir que en general son los mejores remunerados, representaba 9% de su ingreso cuando asumieron en diciembre de 2019 y pasó al 11% en agosto último.

“La paritaria no sirvió para un mayor poder adquisitivo, estamos tratando de discutir la necesidad de volver a consumir”, expresó el funcionario. Es que, entre más destinen las familias a bienes de primera necesidad, menor margen habrá para servicios de esparcimiento que podrían verse beneficiados por un relajamiento en las restricciones sanitarias y así impulsar una mayor actividad.

Las empresas, y sobre todo las productoras de alimentos, aluden que los aumentos tienen que ver con un contexto inflacionario de los que ellos “son la consecuencia y no la causa”, como suele decir el titular de la COPAL, Daniel Funes de Rioja. Otro punto es el aumento en los insumos para producir, algo que se está viendo en todo el mundo.

Para el Gobierno, esta última parte del año habrá más consumo y una mayor movilidad de personas, aunque habrá que ver en qué magnitud. Si se analizan algunos indicadores de ingresos de la población, estos llegan muy golpeados de cara a lo que queda del año.

Datos de la consultora Eco Go detallaron a Data Clave que en el tercer trimestre de 2021 su índice de ingreso de las familias (que incluye salarios, jubilaciones y ayudas sociales) se encontraba, en términos reales, casi 4 puntos porcentuales por encima del mismo período de 2020. Sin embargo, mirando los terceros trimestres de los últimos cinco años se pueden observar pérdidas: -4,1 puntos contra 2019, -7,4 puntos en comparación 2018, -17,9 puntos vs 2017, -13 puntos comparado con 2016 y -21,3 puntos menor a 2015.

Finalmente, para los últimos meses del año se espera que los precios vayan en alza o, en el mejor de los casos, se mantengan en la zona del 3%. Será vital para el Gobierno buscar una forma de contener los precios, aunque se suman correcciones pendientes para 2022 que incluyen tarifas y tipo de cambio, por lo que la inflación podría seguir licuando los ingresos.