Cuál es la visión de los empresarios sobre los consensos básicos que impulsa el Gobierno

El Gobierno necesita un amplio acuerdo económico para avanzar en un programa económico plurianual que permita darle marco a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). El sector privado, representado por las principales cámaras empresarias del país, viene reclamando en el último tiempo que se avance en esa línea y eso podría funcionar como impulso para las intenciones oficial.

La pandemia implicó un golpe enorme a la economía mundial y fue casi catastrófico para una Argentina que venía de dos años previos en recesión. La recuperación de 2021 terminará siendo más que un mero rebote, pero mantener ese sendero en 2022 implicará mucho más que sólo voluntarismo.

Los empresarios consultados por Data Clave coincidieron en la celebración de una convocatoria amplia a un gran acuerdo que siente los lineamientos para los próximos años. Si bien cada sector puede tener demandas particulares, las coincidencias giran, por lo menos, en torno a los siguientes ejes: ordenar la macroeconomía, un acuerdo favorable con el FMI, mejorar el acceso al crédito, reducir la presión impositiva, asistencia del Estado e inversión pública, promoción del empleo e impulsar el consumo, entre otros.

En diálogo con Data Clave, el presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Daniel Funes de Rioja, dijo estar de acuerdo en la convocatoria del Gobierno y se mostró expectante para ver el temario oficial y “las propuestas que puedan agregarse”.

“Debemos buscar tres C: certidumbres, confianza y concertación. Hoy el mundo nos presenta una incertidumbre muy grande por la inflación internacional y la salida de la pandemia. Creemos que es importante generar esas condiciones para el crecimiento a mediano y largo plazo, eso es lo que hacen los países desarrollados e industrializados”, agregó el empresario.

El titular de la casa fabril también sostuvo que para avanzar en el camino señalado es central arreglar la deuda con el FMI para ordenar las cuentas externas. “De esa forma, las empresas, y en particular las industrias, van a poder volver a acceder al crédito internacional para comprar equipamiento moderno”, agregó.

Los desafíos no son pocos. Más allá de las voluntades, las diferencias políticas podrían retrasar el entendimiento “amplio” que solicita el FMI para negociar un programa de facilidades extendidas por los US$ 45.000 millones desembolsados entre 2018 y 2019. El Gobierno busca una definición profunda, pero lo más rápida posible.

Los tiempos son tiranos. Entre diciembre y marzo vencen más de US$ 5.800 millones entre capital e intereses con el organismo multilateral. El ministro de Economía, Martín Guzmán, espera arribar a un acuerdo entre enero y febrero que implique un sendero gradual de equilibrio fiscal y la posibilidad de conseguir financiamiento a través de otros organismos de crédito para fortalecer las reservas. 

Por último, Funes de Rioja recordó que la UIA sigue trabajando en un Libro Blanco con propuestas para el Desarrollo Productivo de los próximos años. “Eso va a llevar tiempo porque el país es muy grande y heterogéneo, por lo que no es sencillo aglutinar todas las propuestas y realidades”, mencionó.

En ese contexto, el presidente Alberto Fernández y Guzmán intentan llevar serenidad e incluir a los empresarios en esa concertación. Una muestra fue la reunión que se dio con Daniel Herrero, de Toyota, Antonio Aracre de Syngenta, Sergio Kaufman de Accenture y Laura Barnator de Unilever, cuatro de las principales multinacionales del país, para conversar sobre “los 10 acuerdos estructurales que piensa encarar luego de las elecciones”. 

“Mi reflexión es que es tiempo de dejar egoísmos de lado y poner todos los hombro buscando acordar aunque sea unas pocas cosas que nos permita salir adelante. No hay margen para egos”, había dicho a Data Clave Antonio Aracre.

Si bien el Gobierno deslizó el martes que el Consejo Económico y Social (CES) no tratará este tema en su reunión de esta mañana, originalmente ese ámbito fue pensado para generar políticas públicas de largo plazo. Por tanto, en los próximos meses algunas discusiones podrían darse allí.

“Es la razón de ser del CES”, dijo a Data Clave el presidente de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco) y miembro del Consejo, Iván Szczech. “Para lo que viene, entiendo que uno de los temas más relevantes es generar certidumbre para fomentar las inversiones. Sería bueno marcar un sendero fiscal para los próximos ejercicios, para que todos los años no sea un debate y cambie la mirada según el color político”, consideró.

Por otro lado, el empresario ponderó la inversión pública en infraestructura y obra pública y destacó su rol central como dinamizador de la economía. “Todo lo que tiene que ver con inversión pública debe sostenerse dado que las brechas en ese aspecto como el agua, las cloacas, las viviendas y la conectividad genera desigualdades e impacta en la pobreza”, afirmó. 

Además, Szczech exhortó a no solo mantener esa inversión sino a mantenerla. “Este año la proyección es 2,2% del PIB y en 2022 será 2,4%, pero  Argentina necesita de un 5% a un 6% del PIB para crecer al 3% o 4% anual. La realidad es que eso no puede depender de cada uno de los Gobiernos, debe ser establecido por ley”, concluyó.

Este último punto es una de las cuestiones que el Gobierno espera poder mantener para los próximos años en un eventual acuerdo con el Fondo. Para Guzmán será central el efecto multiplicador de la inversión pública en 2022 y espera sirva para apuntalar la actividad económica.

Por su parte, la presidenta de Mujeres de la Confederación Argentina de Mediana Empresa (CAME) y consejera del CES, Beatriz Tourn, comentó a Data Clave que desde la entidad solicitan formar parte de la discusión como representantes de las pymes.  

“Si hacemos un análisis global, tenemos los mismos problemas de las grandes empresas y también dificultades que conciernen a los pequeños comercios, de la empresas de familia o pequeñas pymes. Son cuestiones que recogemos día a día a través de las 1.400 cámaras en cada rincón del país”, precisó.

“Además del diagnóstico estamos elaborando propuestas que podrían morigerar estos problemas. La inflación, la presión tributaria, la actual legislación laboral, asistencia financiera adecuada con plazos y tasas competitivas son los ejes, pero también con una mirada puesta en las empresas que cerraron en estos años”, finalizó la dirigente empresaria.

En las próximas semanas quedará a la vista si las intenciones de acordar van más allá de lo gestual y se avanza en un sendero de certidumbre. Con el 40,6% de pobreza y el 10,7% de indigencia será vital generar un sendero de crecimiento para revertir una tendencia negativa que comenzó hace algunos años y se profundizó en la pandemia.