El pago del alquiler se lleva una porción cada vez más grande de los ingresos mensuales: más de la mitad de los hogares inquilinos sufren aumentos por fuera de lo que establece la ley y se endeudan para poder pagar. Esta precariedad económica y habitacional queda en evidencia en los resultados de un relevamiento que realizamos en el AMBA un grupo de organizaciones.

En noviembre de 2022, ACIJ junto al CELS, el Instituto de Geografía de la UBA, el CEUR-CONICET, la Escuela IDAES (UNSAM) y la Red Contested Territories realizamos un relevamiento sobre la situación de los hogares inquilinos de la Ciudad de Buenos Aires y los partidos del Gran Buenos Aires. Los resultados revelan una situación de precariedad económica y habitacional, que se profundiza en el caso de los hogares sostenidos por mujeres. Además, las cifras evidencian una creciente segmentación: un mercado de residencia permanente que funciona de manera cada vez más precaria, en paralelo a un mercado volcado al alquiler temporario, dolarizado, que crece.

La encuesta refleja en el universo de los hogares inquilinos uno de los principales problemas socio económicos de hoy: el aumento de la incidencia del alquiler en relación a los ingresos. Hay un 6% más de inquilinos empleados que en el año 2021, pero lo que ganan alcanza cada vez para menos. A pesar de trabajar más, destinan una porción cada vez más alta de sus ingresos a pagar el alquiler. Mientras que en el 2021, el 24% de los hogares destinaba más de la mitad de sus ingresos, en 2022 esa proporción de hogares aumentó al 32%.

Esto también se refleja en los niveles de endeudamiento. El 63% de los hogares admite estar endeudado con familiares o particulares y la mayor parte de esa deuda es utilizada para pagar el alquiler. Los hogares cuyo principal sostén son mujeres están más endeudados en general, y en particular con familiares y amigos.

El mercado de alquileres de residencia permanente funciona de tal manera que ofrece soluciones habitacionales cada vez más precarias. El 35% de las personas inquilinas respondió que no alquila una vivienda completa, sino una habitación, y más de la mitad, lo hace sin contrato escrito. En paralelo, crece un mercado de alquiler de viviendas temporarias en dólares. Se trata de viviendas que dejan de estar disponibles para las y los residentes permanentes y presiona sobre las condiciones del conjunto de la oferta.

Desde la sanción de la Ley de Alquileres, algunos discursos muy presentes en la agenda pública la señalan como la culpable de los problemas actuales del acceso al mercado de alquiler, obviando, entre otros factores determinantes, el contexto macroeconómico de altísima inflación y devaluación.

Pero la ley fue sancionada justamente porque el mercado funcionaba mal y los hogares inquilinos demandaban más protección. La norma fue un avance para lograr condiciones mínimas de estabilidad y previsibilidad. Entre otras medidas, la nueva legislación aumentó los contratos a tres años y estableció un mecanismo para evitar que los aumentos queden librados a la negociación entre partes inherentemente desiguales. Sin embargo, el Estado omitió toda acción para hacer efectiva la aplicación de una ley que, así, quedó librada a la voluntad de quienes la resisten: inmobiliarias y propietarios.

La respuesta para la situación cada vez más dramática de quienes alquilan no es menos regulación. Por el contrario, es un Estado con un rol activo y protagónico en el mercado, que garantice el derecho a la vivienda.