Antes de partir a Washington para participar de la reunión del Fondo Monetario Internacional (FMI), el ministro de Economía, Sergio Massa, se desayunó con una conferencia de prensa de Gabriela Cerrutti en la cual la vocera afirmaba que “por primera vez en su historia” el organismo iba a aprobar dos revisiones de las metas pactadas juntas: la del segundo y tercer trimestre.

Con ese dislate a cuesta -los del FMI son muy celosos en cuanto hace a la formalidad de las comunicaciones y Argentina no es exactamente un “buen alumno” en la consideración del organismo-, Massa partió a Washington donde obtuvo la aprobación de la segunda revisión y espera, gracias a los resultados obtenidos, conseguir en noviembre la del tercer trimestre.

Este hecho, que podría considerarse como “menor”, es solo una muestra de los “corto circuitos” que cotidianamente exasperan al ministerio de Economía.

Casi sin reservas en el Banco Central, y una inflación que se proyecta en el 100% para este año, el proyecto de Ley de Presupuesto fue “agujereado” no sólo por la oposición, que es lo normal, sino también por el “fuego amigo”.

Por ejemplo, Economía propuso que las provincias que no le paguen a la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Camesa) la energía que consumen, se les descontará el monto adeudado de la coparticipación.

La medida fue rechazada por la oposición, pero también por el oficialismo, y a cambio se instrumentará un plan “de regularización de deuda” de hasta 96 cuotas mensuales, es decir, a ocho años. 

Vencido dicho plazo, en el 2031, la Jefatura de Gabinete, a través del Ministerio de Economía, “podrá retener (o no) los fondos comprometidos” en las transferencias que distintos organismos del Estado hagan a las provincias, pero “en ningún caso la retención podrá afectar la coparticipación federal”.

Otro caso. Como era previsible, no se bajaron los subsidios al transporte que favorecen a Capital Federal y el Gran Buenos Aires, para destinarlos a las provincias. Por el contrario, se aumentó el gasto y estas últimas en lugar de recibir $ 66.000 millones, contarán con $85.000 millones “de piso a partir del cual se revisará el funcionamiento del sistema para actualizar el importe”, mientras que la implementación de la tarjeta SUBE en todo el país, para controlar cuánto factura cada línea de colectivo del país, quedará por verse.

Además, esta semana Massa consensuó con el Ansses que el tan anunciado bono que se pagará con parte de lo recaudado por la liquidación de “dólar soja”, sea un "Refuerzo Alimentario para Adultos sin Ingresos", solo para aquellos que no tengan ninguna ayuda social, y además deberán inscribirse para obtenerlo.

Pero la senadora kirchnerista Juliana Di Tullio (Buenos Aires) decidió reunir el próximo miércoles a las comisiones para tratar un ingreso universal especial similar a la Canasta Básica Alimentaria, que en septiembre fue de $18.360, para todas aquellas personas que se encuentren por debajo de la línea de indigencia.

Ante este panorama, un veterano funcionario del Palacio de Hacienda le dijo a Data Clave “Nosotros estamos para tapar agujeros, no para hacer planes”.