Acuerdo con el FMI en la recta final: los cinco puntos que complican a los gobernadores
Los mandatarios provinciales que se reunirán el próximo miércoles con el ministro de Economía saben que lo que el Fondo Monetario demanda puede ser una bomba política y financiera para el futuro de sus provincias y, para muchos de ellos, avalarlo sería casi enterrar sus posibilidades de ser reelectos. Ahora ¿queda otro camino?
El acuerdo con el FMI que negocia Martin Guzmán entrará en los próximos días en su recta final. Las razones para que el ministro logre un acuerdo con el Fondo en el corto plazo no son solo políticas, sino financieras: el pago de diciembre de USD1.900 millones al FMI dejó las reservas internacionales netas al borde del KO, ya que quedaron en torno a los USD3.500 millones, un monto inferior al que se debe cancelar con el FMI entre enero y marzo de 2022. Esta realidad evidencia los contrastes de los dos escenarios posibles: acordar o defaultear.
Guzman, quien se reunirá el miércoles 5 de enero con los gobernadores para ponerlos al tanto de las negociaciones que se llevan adelante con el Fondo, sabe que este no es uno más de los doce acuerdos de Argentina con el FMI: primero porque nunca se le debió tanto al Fondo, y segundo porque jamás se había negociado con el organismo en medio de una pandemia.
El anuncio del encuentro con los mandatarios provinciales fue hecho por el mismo Alberto Fernández , durante la firma del nuevo Consenso Fiscal 2022 con 23 gobernadores. Allí, el presidente dijo: “los convocó el 5 de enero a Buenos Aires, para que Martín con detalle, con mucho detalle, les pueda explicar exactamente en qué punto estamos con la discusión con el FMI y que todos estemos al tanto de lo que estamos haciendo”.
Aunque el convite fue agradecido por todos y todas, no faltó quien recordara esa tarde la frase de Néstor Kirchner, cuando en el 2004 le dijo a empresarios españoles, “miren lo que hago, no lo que digo”, y por eso tratarán de dilucidar el próximo miércoles cuáles serán los alcances reales del acuerdo con el Fondo en sus distritos. Y acaso lo más importante, en su futuro político.
En este contexto es que los gobernadores llegarán a la reunión conociendo lo que el economista Emanuel Alvarez Agis (ex viceministro de Economía de Axel Kicillof y hombre al que escuchan Cristina Kirchner y Alberto Fernandez) escribió en su último informe “Una Autocrítica a Fondo”, donde señala los ocho efectos de los planes firmados con el FMI durante períodos de inflación crónica en la Argentina.
Estos “daños colaterales” serían:
1) una devaluación nominal de la moneda;
2) una aceleración de la inflación;
3) un aumento de la tasa de interés nominal;
4) la combinación de 1-2-3 implica una apreciación del tipo de cambio real, tanto por la aceleración de la inflación como por el incremento de la tasa de interés nominal;
5) un impacto negativo sobre el producto el año posterior al acuerdo de -3,9% promedio;
6) una mejora en el margen de la cuenta corriente;
7) un impacto nulo en el déficit fiscal el año posterior al acuerdo, probablemente porque la recesión derivada del ajuste fiscal y su consiguiente impacto negativo en la recaudación compensa la mejora en el déficit fiscal deriva del ajuste del gasto;
8) una mejora sustantiva en las reservas internacionales.
En los hechos, los mandatarios provinciales saben que los cinco primeros puntos que señala Agis son una bomba política y financiera para el futuro de sus provincias y que si bien llevar el acuerdo con el FMI al Congreso le permite al gobierno diluir parte de las responsabilidades y los costos del proceso, en la realidad de sus territorios, para muchos de ellos, es casi enterrar su reelección.
Las razones que más los preocupa es que las medidas que piden los técnicos del Fondo paren la recuperación de la economía, que en muchas provincias ya se nota fuerte en el bolsillo de los trabajadores asalariados en blanco, los primeros en salir de la pandemia. Los gobernadores dicen que aunque salga todo bien (es decir, que lo que pide el Fondo permita seguir creciendo) dentro de dos años ellos no van a poder descargar los costos de un plan de ajuste con el FMI en la oposición.
El mal menor
El filósofo francés Jean Claude Michea (al que muchos en Francia llaman el pensador de los chalecos amarillos) conjetura en su libro “El mal menor” que el problema político de muchos gobiernos progresistas es que abandonaron en parte la búsqueda de la grandeza de la Patria, el bien público o las virtudes más elevadas, porque todo aquello puede conducir al conflicto. En rigor, sólo podemos aspirar a hacernos el menor daño posible. Y en la práctica este parece ser el principal argumento para cerrar el acuerdo con el FMI que oficialismo y oposición manejan: que la alternativa a no acordar con el Fondo es peor que no hacerlo.
Asi las cosas entonces, la discusión pasa a ser sobre quién paga el costo político de poner en práctica las condiciones del organismo en el país. Los gobernadores más viejos saben que los acuerdos por la deuda no se traducen en una mejora en la actividad económica. Un reconocido gobernador peronista del NOA les recordó a varios políticos del PJ que cenaron con él hace quince días que “el macrismo nos vino en 2018 con la necesidad de pactar con el FMI para estabilizar las expectativas del mercado en 2018 y así justificó el préstamo por más de USD 57.000 millones, asi estamos”.
Pero no es el único que no ve con buenos ojos un acuerdo de ajuste con el Fondo. Muchos critican por lo bajo los argumentos del “albertismo” de no “caernos del mundo” para firmar un acuerdo. Recuerdan que esas ideas llevaron al gobierno del Frente de Todos a negociar rápidamente la deuda con el sector privado como pedía el FMI, quien aseguraba que la reestructuración privada tendría efectos positivos e inmediatos.
Pero la brecha cambiaria se agrandó y los títulos cayeron cerca de un 40% desde que empezaron a cotizar post reestructuración. Esos errores, se quejan los gobernadores, se plantean ahora como un “mal menor”. “Pero para nosotros no es un mal menor: significa seguir o no como gobernadores” afirman que dijo el mandatario provincial. Todas dudas que el 5 de enero deberá contestar el ministro Guzman. Y que viendo la discusión que atraviesa con el Fondo, acaso sean para él tambien, un “mal menor”