En 2013, el entonces gobernador de la provincia de Buenos Aires Daniel Scioli presentó un proyecto para modificar la ley de régimen penal que contemplaba la reducción de la edad a los 14 años pero fracasó por falta de acuerdos en la Cámara de Diputados bonaerense.

En 2019, Cambiemos hizo lo suyo a través del Ministro de Justicia Germán Garavano, también sin mayores logros ante la imposibilidad de consenso. El año pasado insistió el diputado Luis Petri y ahora Diego Santilli retomó el debate. 

El proyecto del diputado de Juntos por el Cambio prevé que las personas adolescentes se hagan responsables de los actos que realizan y que reparen los daños causados. La iniciativa cuenta con el acompañamiento de los diputados Rogelio Frigerio, Waldo Wolff, Ricardo López Murphy, Graciela Ocaña, Álvaro González y Fernando Iglesias.

Santilli plantea que el castigo y la reparación son parte integral de un sistema de responsabilidad penal juvenil y que, por ello, en caso de que las medidas de reparación sean incumplidas o fracasen por culpa de la persona que delinquió, las autoridades judiciales puedan disponer las penas privativas de libertad, las cuales van hasta los 10 años de prisión, con excepción de los casos de homicidio y abuso sexual agravado, en los cuales el máximo de la pena sube a 15 años, en razón de la gravedad de los delitos.

Voces de expertos como UNICEF sostienen que "es sumamente importante que Argentina tenga una Ley de Justicia Penal Juvenil en línea con los estándares internacionales. Para esto se requiere un sistema de justicia especializado con un enfoque centrado en la prevención del conflicto con la ley penal antes que la represión, y una estrategia orientada a la reinserción social que ofrezca a los adolescentes oportunidades educativas, de formación laboral y recreativas, para facilitar su inclusión en un proyecto de vida alejado del delito".

"En Argentina la reforma del sistema de Justicia Penal Juvenil no requiere bajar la edad de punibilidad, algo que podría ser interpretado como un retroceso en materia de derechos humanos y como una medida regresiva. Es necesario encontrar un abordaje para la justicia juvenil que no afecte los derechos consagrados en los tratados internacionales que son parte de la Constitución Argentina", agregaron desde el organismo internacional.

Por su parte, la Defensora de los derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Nación, Marisa Graham, sobre el proyecto presentado por Santilli, aseguró que "lo que consta por experiencia de otros países es que, la baja de edad de imputabilidad, no resuelve el problema sino que lo agrava. Que se baje a los 15 años es inconstitucional, en Naciones Unidas se sentenció que no se debe bajar, en un respeto a los DD.HH de los niños".

En declaraciones a La 990 Radio, Graham explicó que "la mayoría de los estados de otros países reaccionan bajando la edad para complacer a la opinión pública. Por un hecho, no se puede bajar la edad de imputabilidad. Santilli habla de 15 años y, en el artículo 58 de su proyecto, hace intervenir a la justicia a partir de los 12".

"En Chile y Uruguay fueron malas las experiencias. Cada vez que aparece un caso, se quiere instalar nuevamente el cambio. Hay una parte de la sociedad a la que le han hecho creer que es la solución, un autor de esta creencia son varios medios de comunicación", enfatizó la defensora.

La experiencia en otros países

En Argentina, junto con Cuba, la edad de responsabilidad penal es de 16 años, mientras que en el resto de América Central y Caribe disminuye drásticamente. En Trinidad y Tobago la edad mínima de imputabilidad de un menor es 7 años.

Bolivia, Chile, Colombia, Paraguay, Perú y Venezuela tienen una edad de imputabilidad criminal de 14 años. En Guatemala, Haití, Nicaragua, República Dominicana y Uruguay, la edad de responsabilidad criminal es de 13.

Mientras que en Belice, Brasil, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Honduras, Jamaica, México y Panamá, a los 12 años un menor puede ser privado de su libertad en institutos correccionales.

Junto a Trinidad y Tobago, que tiene la edad mínima del continente con 7 años, se ubican Guayana y Surinam, con un mínimo de 10 años.