“Es mi obligación legal inhibirme de continuar interviniendo en el presente proceso para no comprometer, irremediablemente, el deber de imparcialidad que tengo como juez constitucional, atributo inabdicable de la función judicial para preservar sin alteraciones la confianza pública, y condición inexcusable para asegurar un juicio justo.” Con esta premisa como eje central, el juez Javier Carbajo decidió apartarse de tratar la causa Vialidad, que llegó la semana pasada a la sala IV de la Cámara Federal de Casación que él integra.

Tal como había explicado Data Clave esta semana, Carbajo había tenido intervención en “La Ruta del Dinero”, el expediente por el que Lázaro Baéz terminó condenado por lavado de dinero. Al confirmar esa condena, el magistrado había opinado sobre el origen de esos fondos y había apuntado directamente al dinero recibido por el empresario a través de la obras públicas otorgadas durante el kirchnerismo.

“Advierto que existen elementos de prueba que valoré al momento de legitimar la sentencia dictada en la causa 3017/2013 [el juicio por lavado] en cuanto a la acreditación del delito precedente, en particular, en la dinámica de la asignación de obra pública y, más concretamente, respecto de la intervención de Lázaro Báez y de Austral Construcciones en aquella operatoria ilegal”, consideró el juez Carbajo en su escrito de apartamiento.

Tras esta decisión, solo resta que Borinsky y Hornos resuelvan si la excusación de su colega está correctamente fundamentada. Si es así, como todo parece indicar, se deberá sortear un nuevo jueza para que intervenga en el caso.

Cabe recordar que tanto Borinsky como Hornos fueron ampliamente criticados por el kirchnerismo por haberse reunido con Mauricio Macri tanto en Olivos como en la Casa Rosada, por lo que las defensas podrían pedir también que se aparten de intervenir. El caso, de todas formas, por los tiempos y la complejidad, no se iba resolver en 2023.

La actualidad de la causa Vialidad

El Tribunal Oral Federal 2 condenó en diciembre de 2022 a la actual vicepresidenta a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por supuestas anomalías en el otorgamiento de obra pública durante su gestión.

Contra esa decisión, Fernández de Kirchner pidió hace diez días que la Cámara Federal de Casación Penal intervenga en el caso y que deje sin efecto la pena de seis años de prisión e inhabilitación que se le impuso en el juicio. Al pedir su absolución, consideró que el fallo en su contra contiene "arbitrariedad fáctica y normativa" y constituye "un supuesto de enorme gravedad institucional".

Por otra parte, el fiscal Diego Luciani pidió que se le agrave la pena impuesta a la Vicepresidenta y que se la condene también por el delito de asociación ilícita, una figura que había sido descartada por el Tribunal.