Tres meses pasaron desde que el Tribunal Oral Federal 2 decidió condenar a Cristina Fernández de Kirchner a seis años de prisión por considerarla responsable del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública y además le fijó una inhabilitación especial perpetua para ocupar cargos públicos. Esa misma cantidad de años de prisión le impusieron a Lázaro Baéz, otro de los nueve condenados que tuvo el expediente.

“Tenemos la certeza de que, mediante la tramitación de cincuenta y un procesos de licitación pública para la construcción de obras viales sobre rutas nacionales y provinciales en la provincia de Santa Cruz, entre los años 2003 y 2015, tuvo lugar una extraordinaria maniobra fraudulenta que perjudicó los intereses pecuniarios de la administración pública nacional en los términos y condiciones establecidos por la ley penal”, explicaron los jueces Andrés Basso, Jorge Gorini y Rodrigo Giménez Uriburu en una especie de “adelanto” de los fundamentos que firmaron al mismo tiempo que dieron a conocer las sentencias y absoluciones.

Pero este jueves se conocieron los fundamentos completos los detalles de la condena. De este modo, el Tribunal concluyó que entre 2003 y 2015 hubo “manifiesta connivencia y protección de cuanto organismo estatal fuese necesario para garantizar la plena actividad del consorcio empresarial controlado por Lázaro Báez”.

El camino a Casación

A partir de ahora se abre un período donde fiscalía y defensas armarán sus escritos para llevar el caso a la Cámara de Casación. El caso ya estuvo allí en la manos de los jueces Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Javier Carbajo. Los dos primeros fueron duramente cuestionados por sus reuniones con Mauricio Macri tanto en Olivos como en la Casa Rosada.

10 días hábiles es el tiempo que tienen para presentar esos cuestionamientos. La fiscalía buscará que se condene a los involucrados también por el delito de asociación ilícita, lo que haría subir el monto de la pena. Las defensas, por su parte, insistirán en que no se probó delito alguno. Durante los alegatos, la propia CFK fue muy dura contra los funcionarios judiciales que pidieron su condena. "Quedó demostrado que los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola mintieron en el alegato final de acusación con calumnias, mentiras y difamaciones", aseguró en esa instancia. Además, había dicho que era “absurdo y ridículo" que el proceso judicial incluya la acusación de que los gobiernos kirchneristas fueron "una asociación ilícita". 

Una vez que los recursos estén presentados (alrededor de la cuarta semana de marzo), el Tribunal tendrá que cumplir con el paso formal de aceptarlos y mandarlos hacia la Casación, que no tiene plazos formales para tratar este tipo de cuestiones. Las chances de que una sentencia quede firme o sea revocada en el mismo año en que se conocieron los fundamentos son escasas.

¿Puede Cristina ser candidata?

A pesar de que la vice haya manifestado que no le interesa candidatearse en 2023, un sector del kirchnerismo insiste en que debe presentarse para las elecciones presidenciales mientras aseguran que la condena por Vialidad es una forma de proscripción. Lo cierto es que la inhabilitación especial perpetua es una pena que se fija además de los años de prisión para cierto tipo de delitos. Las inhabilitaciones especiales producen la privación del empleo, cargo o profesión, así como también la incapacidad de obtener otro similar durante un tiempo determinado, de acuerdo a lo previsto en el artículo 20 del Código Penal.

En el caso de la inhabilitación especial perpetua, es algo que se fija de modo permanente para los delitos que involucran a funcionarios públicos. Justamente la defraudación en perjuicio de la administración pública la incluye como parte de la pena.

¿A partir de qué momento comienza a correr la inhabilitación especial perpetua? Al ser parte de una pena/condena, solo quedará firme cuando sea revisada por todas las instancias correspondientes. En el caso de Cristina, la pena de prisión e inhabilitación solo podrá ser llevada adelante cuando la Corte Suprema de Justicia rechace el último recurso que presenten las defensas.

En este sentido, el antecedente más próximo es lo que sucedió con el expresidente Carlos Menem, que en 2017 fue candidato a senador. Su situación fue objetada debido a que tenía una condena por el tráfico de armas a Croacia y a Ecuador. “Surge claro de lo reseñado que el impedimento para el ejercicio del derecho a ser elegido sólo se verifica en el caso de la persona condenada por juez competente en proceso penal, entendiendo por tal a aquel sobre el cual pesa una sentencia condenatoria firme, pasada en autoridad de cosa juzgada”, dijo la Cámara Nacional Electoral en ese caso.

Por este motivo y teniendo en cuenta ese antecedente, Cristina no tendría ningún impedimento judicial para presentarse a algún cargo durante las elecciones de 2023