La proveeduría donde los familiares de los detenidos en el Complejo Penitenciario Federal más grande de la Argentina compran alimentos y provisiones es administrada por una sociedad que integran dos condenados por contrabando de estupefacientes.

Tal como consta en una auditoría interna del Servicio Penitenciario, F&S Group es una empresa con domicilio en Mercedes, provincia de Buenos Aires, que se dedica al rubro gastronómico. Según sus antecedentes comerciales, es responsable de tres cafeterías, un maxi kiosco, un autoservicio instalado dentro de una estación de GNC (todos en la localidad bonaerense) y tiene la concesión del buffet del hospital Pirovano de la ciudad de Buenos Aires. 

En un Informe Reservado del SPF al que accedió Data Clave consta que la compañía está conformada por un directorio que integran, entre otros, Matías Faubel y Maximiliano Larre. Ambos ciudadanos fueron condenados en noviembre de 2016 por el Tribunal Oral en lo Penal Económico N°1 a nueve y cinco años de prisión respectivamente por formar parte de una organización narco criminal que contrabandeó más de dos toneladas de cocaína líquida camuflada dentro de transformadores eléctricos. Las dos historias que se entrelazan en este artículo, tienen orígenes diferentes aunque varios protagonistas se repitan.

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LA TRAMA NARCO

El capítulo judicial se remonta al mes de abril de 2014 cuando Gendarmería secuestró tres transformadores eléctricos trifásicos de un galpón en Haedo, que los narcos acondicionaban para ocultar allí la droga.

Cuando los investigadores llegaron al lugar, los traficantes ya habían enviado dos transformadores hacia México. La jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado, a cargo de la investigación, alertó a las autoridades mexicanas que secuestraron el cargamento y detuvieron a los contactos de la banda ni bien ingresaron en la zona aduana del Puerto Progreso, México tras descender del buque MSC Michaela en el interior de un contenedor.

Al momento del operativo, el por entonces secretario de Seguridad de la Nación –hoy ministro bonaerense- Sergio Berni, aseguró: "Esta droga tiene conexión con el cartel de Sinaloa", liderado por Joaquín “El Chapo” Guzmán, que en ese momento se encontraba detenido en un penal de máxima seguridad, del que se fugaría meses después.

En coincidencia plena con el planteo acusatorio del fiscal, los jueces Petrone, Barroetaveña y Borinsky consideraron que la conducta de Faubel y Larre estuvo “doblemente agravada”, por tratarse de drogas elaboradas que estaban destinadas a ser comercializadas y la cantidad de personas que intervinieron en el hecho, tal como está previsto en las disposiciones penales del Código Aduanero y el artículo 45 del Código Penal, en concurso real con el delito de confabulación.

LA TRAMA PENITENCIARIA

El 2 de noviembre de 2018, el Departamento de Asuntos Internos del Servicio Penitenciario Federal recibió una denuncia que señalaba una presunta irregularidad en la concesión de la Proveeduría del Complejo Penitenciario de Ezeiza. Según consta en el Dictamen de denuncia 232/18 “por una supuesta orden ministerial” se comunicó la rescisión del contrato vigente con la empresa que tenía a cargo la prestación del servicio “para otorgárselo a un tercero de manera directa y hasta que se efectúe la próxima licitación” que debía realizarse el 12 de noviembre, es decir tan sólo 10 días después de aquella intempestiva decisión.

Cumplido el plazo, en vez de convocar a un proceso licitatorio, "se procedió a enviar notas de invitación a las firmas comerciales con las que contaban", entre las cuales estaban dos supermercados de cadena, una fiambrería de barrio y el mencionado F&S, que fue el único en responder los correos enviados "con el objeto de cumplimentar formalmente" con el requisito de la convocatoria a un concurso de precios, no a una licitación. 

La disposición tenía la firma del responsable del área: el subdirector nacional del Servicio Penitenciario Federal, Sabino Guaymas y contaba con el aval de la Subsecretaría de Relaciones con el Poder Judicial y Asuntos Penitenciarios del ministerio de Justicia.

En un informe del SPF fechado el 22 de noviembre de 2018, consta que la orden de redireccionar el otorgamiento de la concesión de la Proveeduría a esta empresa, emanó de la dependencia ministerial a cargo de Esteban Mahiques, quien al momento de concretarse este acto administrativo investigado, se desempeñaba como jefe de gabinete de la Subsecretaría de Relaciones con el Poder Judicial y Asuntos Penitenciarios.

El resultado de la investigación interna que se elevó a la intervención del SPF con fecha 11 de mayo de 2020, fue contundente: “esta instancia realizó un análisis de los elementos reunidos los cuales nos permiten inferir que los hechos denunciados, guardan razonabilidad y consistencia, están circunstanciados en espacio-tiempo, y podrían encuadrarse en conductas descriptas en el Código Penal y en el Regimen Disciplinario para agentes del Servicio Penitenciario Federal. Es por ello, que esta instancia considera categorizar la presente como, ALTAMENTE PROBABLE ya que existe verosimilitud y consistencia en los hechos denunciados”.

El informe –que lleva la firma del Alcaide Mayor Miguel Ángel Perrotta- consigna por último que “se ordena el giro de la presente al señor Director Nacional a fin de informar que esta instancia procedió a formular la correspondiente denuncia penal, como así también se solicita la sustanciación de actuaciones  sumariales, según corresponda”.

Fuentes de la actual Intervención del SPF a cargo de la prestigiosa jurista María Laura Garrigós confirmaron a Data Clave que “a partir de los dichos de algunos empleados de la cantina se presentó una denuncia ante la justicia federal que tramita en el juzgado de la doctora Servini”.

Oportunamente, la interventora también había denunciado la existencia de personal designado en el Servicio que no cumplía funciones pero cobraba sueldo. “Buena parte de estos ñoquis ingresaron nombrados por la Dirección General de Cuerpo Penitenciario a través de una oficina de reclutamiento que se abrió en Mercedes y ninguno de ellos pasaba siquiera por el penal porque reportaban directamente a la subsecretaría”, completó otra fuente que se desempeña en el Complejo.