El ministro de Seguridad, Anibal Fernández, tuvo en su participación en la comisión de Seguridad Interior numerosos cruces con diputados de la oposición. Entre todo el ruido, el funcionario se fue de las más de 5 horas de debate con un solo pedido a los diputados: que traten la ley de lavado de activos.

Es un proyecto enviado desde el Poder Ejecutivo con el objetivo de introducir modificaciones en la legislación vigente vinculada a la prevención y represión del Lavado de Activos, de la Financiación del Terrorismo y del Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva. "La iniciativa otorga a la UIF (Unidad de Información Financiera) herramientas adecuadas al contexto actual, para prevenir e impedir el Lavado de Activos, la Financiación del Terrorismo y el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, de conformidad con los estándares internacionales vigentes".

El tema fue tratado en dos comisiones el 30 de noviembre. Legislación General y Finanzas, ambas presididas por el Frente de Todos, recibieron al titular de la Unidad de Información Financiera, Juan Carlos Otero, pero no avanzó en un dictamen. Allí, el diputado del PRO, Pablo Tonelli aclaró que varias de las propuestas sugeridas por su bloque fueron tomadas en cuenta por la UIF y eso es “destacable”. 

Además, con la intención de buscar alcanzar un acuerdo, el diputado solicitó algunas incorporaciones, entre las que se destacan que “en la Ley conste la facultad que tiene la UIF de querellar”, así como también, “modificar los mecanismos de elección y remoción del presidente y vicepresidente del organismo”. 

Luego, la diputada de Identidad Bonaerense Graciela Camaño señaló: “Estamos analizando una legislación que nos pone en un nivel internacional de trabajo en contra de los delitos complejos”. La referente del interbloque Federal también sumó observaciones que recolectó el oficialismo. El problema en el que posan sus ojos algunos diputados por el receso en el que entró tratamiento es el caso puntual de una de las tres comisiones que deben dictaminar y que no formó parte de esa reunión plenaria.

Si bien en el debate, los diputados de Juntos por el Cambio fueron con ánimo de discutir la ley y hasta incorporar observaciones, en el Frente de Todos y en otros bloques con capacidad para acompañar cobra fuerza la idea de una movida para frenar el avance de la ley. La comisión de Legislación Penal, en manos de una diputada del PRO, no se suma a las convocatorias.

Incluso esta misma comisión estuvo en duda para sumarse la semana pasada al plenario por el proyecto de fortalecimiento de la Justicia de Santa Fe. En una parte de JxC prima la idea de no convocar a las comisiones por temas del oficialismo. Cuentan en los pasillos legislativos que un diputado por Santa Fe tuvo que interceder y meter presión interna para que el bloque baje la orden y la comisión que preside Maria Lujan Rey (PRO) se sume.

Fuentes parlamentarias del Frente de Todos confirmaron que tras el pedido del ministro la comisión de Legislación General trabaja en una nueva convocatoria. ¿Recibirá respaldo opositor? “Hasta ahora no la convocaron por este tema. Solo pudimos hacer conjunta con Finanzas”, recuerdan como punto de partida. “Espero que este año quieran convocar. El año pasado no lo hicieron”, sentenciaron.

Bloques federales se muestran dispuestos a acompañar y dar apoyo al proyecto del Ejecutivo si se consideran las observaciones planteadas por Camaño. En otra vereda, desde Juntos por el Cambio confirmaron que la prioridad hasta ahora la tiene el proyecto para crear nuevos cargos judiciales en Santa Fe por la crisis de seguridad. Este tema incluso podría recalcular la máxima de no dar quórum que viene sosteniendo la coalición en las últimas sesiones. El pedido de Anibal, no tiene eco hasta ahora.