El diputado nacional Álvaro Martínez, de La Libertad Avanza, presentó un proyecto de ley que propone modificaciones profundas a la Ley de Identidad de Género, vigente desde 2012. La iniciativa, que busca prohibir los cambios de género en el DNI para menores de 18 años y para personas con condenas penales firmes, aparece en un contexto marcado por el revuelo generado tras el caso de Ariel Máximo Cantero, conocido como "Guille", líder de la banda narco Los Monos. Cantero afirmó recientemente autopercibirse mujer para acceder a beneficios penitenciarios, como un mayor régimen de visitas.

El caso de Cantero encendió alarmas entre sectores políticos y judiciales, quienes señalaron un presunto vacío legal que posibilita que condenados utilicen el argumento de la autopercepción de género para “manipular” el sistema carcelario. Según Martínez, este episodio refleja la necesidad urgente de modificar la normativa para evitar abusos. "No podemos permitir que estas herramientas sean usadas para evadir responsabilidades o distorsionar el sistema de justicia", expresó en diálogo con la prensa.

El proyecto presentado por el legislador establece que solo los mayores de 18 años podrán realizar cambios registrales en el DNI, argumentando que las decisiones de este tipo requieren una “madurez plena”. Asimismo, prohíbe expresamente que personas con condenas penales firmes accedan a este derecho hasta cumplir la totalidad de su pena. En el caso de los imputados, se plantea que la solicitud quede suspendida hasta el dictado de la sentencia definitiva.

Otro punto clave de la iniciativa se centra en personas extranjeras con residencia legal en Argentina. Según el texto, estas podrán solicitar cambios en su identidad de género únicamente si no tienen condenas firmes en tribunales nacionales o extranjeros.

Martínez aseguró que su propuesta busca cerrar vacíos legales y garantizar la integridad del sistema judicial. En su presentación, destacó casos donde la autopercepción de género fue utilizada como estrategia para obtener beneficios procesales o confundir a las autoridades. "Hay situaciones donde los procesados intentan manipular el sistema diciendo que se autoperciben de otro género para evitar ciertas penas o modificar su tratamiento penitenciario", afirmó.

Sin embargo, las reacciones no tardaron en llegar. Diversos sectores políticos y organizaciones civiles criticaron la propuesta por considerarla un retroceso en los derechos conquistados por la comunidad trans en Argentina. Desde la aprobación de la Ley de Identidad de Género en 2012, el país se posicionó como pionero a nivel mundial al garantizar el derecho a la autopercepción sin necesidad de diagnósticos médicos ni intervenciones quirúrgicas.

Para las organizaciones de derechos humanos, el proyecto de La Libertad Avanza atenta contra estos avances y estigmatiza aún más a una población históricamente vulnerada. "Limitar los derechos de personas trans, especialmente menores, es un paso atrás que refuerza la discriminación", señalaron desde la Federación Argentina LGBT+.