Los casos de Matías Paredes, Ivo Torres y Ramiro Dina se suman a una larga lista de víctimas de un Estado que, bajo el disfraz de proteger a la ciudadanía, promueve un aumento en la violencia estatal. En estos casos, la muerte no es solo el resultado de un sistema de seguridad cada vez más represivo, sino también de un profundo racismo estructural y una falta de responsabilidad por parte de quienes deberían garantizar la integridad de todas las personas sin distinción.

El asesinato de estos tres jóvenes pone en cuestión la relación entre libertad y seguridad en un país donde las fuerzas del orden parecen tener más vía libre que nunca para decidir quién vive y quién muere. Todo esto sucede en el mismo mes en que el Ministerio de Seguridad, bajo la conducción de Patricia Bullrich, pasó a llamarse Ministerio de Seguridad Nacional.

El 6 de febrero, Matías Paredes, un joven de 26 años, fue asesinado por efectivos de la Policía Bonaerense en el barrio Bosque Grande de Mar del Plata. Los policías, vestidos de civil y sin identificación, lo confundieron con un supuesto criminal y lo persiguieron a tiros. Cuatro disparos impactaron en su cuerpo y lo mataron en el acto.

Matías, quien trabajaba en la construcción, recibió los disparos mientras estaba en el asiento trasero de un auto. Aunque su familia intentó trasladarlo rápidamente a un hospital, ya era tarde. El fiscal Alejandro Pellegrinelli investiga el caso bajo la carátula de homicidio agravado. En la escena del crimen se hallaron vainas de calibre 9 mm, mientras se esperan los resultados de la autopsia y los peritajes de las armas de los policías involucrados.

Ese mismo 6 de febrero, Ivo Torres, joven kolla de 22 años, fue asesinado por efectivos de la Gendarmería Nacional en La Quiaca, Jujuy, mientras transportaba hojas de coca para su comunidad. Un producto de uso tradicional en el norte argentino, pero también motivo de persecución y estigmatización.

La autopsia confirmó la brutalidad del hecho: recibió dos disparos. El primero, en la pierna, lo hizo perder el control de la moto; el segundo, por la espalda, perforó su pulmón y lo mató. Su vehículo fue acribillado con otras siete balas.

Por el crimen fueron detenidos cuatro gendarmes: el Subalférez Alexander Gunther, el Sargento Walter Álvarez (señalado como autor de los disparos), el Cabo Primero Marcos Leonardo Wysniewski y la Cabo Juliana Enciso. El fiscal Sebastián Jure calificó el delito como homicidio doblemente agravado. Sin embargo, la investigación está marcada por contradicciones en las declaraciones de los gendarmes y denuncias de encubrimiento.

El asesinato de Ivo expone la violencia racista y la indiferencia de un Estado que considera a los pueblos indígenas solo sujetos de persecución. Es el segundo asesinato cometido por la Gendarmería Nacional en solo dos meses de la implementación del Plan Güemes, promovido por Bullrich para reforzar la militarización de la frontera con Bolivia.

El domingo pasado, Ramiro Dina, de 20 años, murió mientras era trasladado por la Policía de Río Negro en Viedma. Su detención, inicialmente por disturbios menores tras un enfrentamiento entre hinchas, desató una serie de protestas que incluyeron disparos frente a la comisaría.

El joven había sido reducido en la Ruta 1, aparentemente por una pelea con hinchas de la 268 Viviendas de Carmen de Patagones, luego de un partido. Durante su traslado a la Comisaría 30, sufrió una descompensación y no logró ser reanimado.

La autopsia no reveló lesiones internas graves, pero sí heridas externas. Sin embargo, estas no serían suficientes para justificar la muerte, por lo que se ordenaron estudios histopatológicos y toxicológicos complementarios. La Policía de Río Negro fue apartada de la investigación y la Policía Federal asumió el liderazgo de las pesquisas. También se solicitó el secuestro de los libros de guardia y del móvil policial que trasladó a Ramiro, además de la recolección de testimonios clave.

Lo que une estos tres casos es, precisamente, la libertad que se le ha otorgado a las fuerzas de seguridad: libertad para disparar sin consecuencias, para reprimir a jóvenes pobres, indígenas y de barrios populares, para aplastar cualquier intento de disidencia o cuestionamiento. Todo esto ocurre mientras el gobierno de Javier Milei, bajo el paraguas de Bullrich, insiste en que la seguridad está garantizada. Pero, ¿seguridad para quién?

El cambio de nombre del Ministerio de Seguridad Nacional, lejos de ser un simple trámite administrativo, es un mensaje claro: la mano dura continúa, y con más fuerza. Mientras tanto, las organizaciones de derechos humanos alertan sobre el crecimiento de la violencia institucional en el país y denuncian que este tipo de crímenes solo profundizan la impunidad policial.