A 21 días de la desaparición de Loan Danilo Peña, la Cámara de Senadores le dio media sanción a un proyecto de ley que endurece las penas por la compra y venta de menores. La votación resultó por unanimidad con 63 votos a favor. Sin embargo, según informó el titular de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, el oficialista Juan Carlos Pagotto, la iniciativa volverá a ser tratada en comisión el próximo miércoles 10 de julio. 

La polémica se generó mientras se votaba en particular, por la redacción del artículo 139 bis que establece dejar exento de pena a los progenitores. El primero en oponerse fue el senador de La Libertad Avanza Francisco Paoltroni, quien marcó diferencias en la redacción y propuso modificaciones. Además, el legislador del PRO Luis Juez consideró que había detalles del proyecto que no habían sido atendidos en el debate en Comisión. Tras más de media hora de debate, el jefe del bloque Unión por la Patria, José Mayans, planteó una moción para que el texto regrese a comisión para revisar el articulado, cuya votación resultó afirmativa y a mano alzada. Desde el bloque del PRO solicitaron que citen a juristas y constitucionalistas para que contribuyan en la redacción.

De acuerdo al texto, se modifica el artículo 139 bis del Código Penal de la Nación, que reprimía con prisión de 3 a 10 años de prisión a quien hiciese de intermediario para los delitos de supresión y suposición del estado civil y la identidad, independientemente si se hacía a cambio de dinero o con amenaza o abuso de autoridad. Cuando se trataba de funcionarios públicos o profesionales de la salud, se añadía la inhabilitación especial por el doble de tiempo que el de la condena. 

La iniciativa propuesta por la senadora del PRO, Carolina Losada, prevé de 4 a 10 años de prisión al que reciba y al que entregue a un menor de edad a cambio de un precio, promesa de retribución o cualquier otro tipo de contraprestación, siempre que el hecho no quede comprendido como un delito con una pena más severa. Además, incorpora el artículo 139 ter, que prevé la pena de prisión de 5 a 15 años para quien facilite, promueva o intermedie de cualquier modo los delitos de este capítulo (supresión y suposición del estado civil y la identidad), siempre que el hecho no quede comprendido como un delito con una pena más severa.

Además de este proyecto, el Senado aprobó ascensos militares y diplomáticos y declaró duelo nacional el 18 de julio con motivo del atentado a la Asociación Mutual Israelita (AMIA), ocurrido en 1994.