Secretos de la Casa Rosada: las contradicciones del modelo

Avanzar en el plan de vacunación contra el Covid 19, reducir la inflación y consolidar la recuperación económica son tres ejes de la política oficial que desvelan a los más altos funcionarios. Los resultados están lejos de ser los esperados -reconocen en la Casa Rosada- y desde la oposición se afirma que la “incapacidad” del Gobierno está llevando a que se tomen medidas que terminarán agravando los problemas, en lugar de solucionarlos.

A fines del año pasado, el presidente Alberto Fernández anticipó que gracias a un acuerdo con la Federación Rusa para la llegada al país de la vacuna Sputnik V, entre enero y febrero, 10 millones de personas serían vacunadas. Hoy las cifras oficiales muestran que los inyectados suman la mitad. Cerca de 10% de la población recibió al menos una dosis de la vacuna, contra 21% de Uruguay y 37% de Chile.

Frente al alarmante aumento en la cantidad de casos y la aparición de nuevas cepas del virus, y contra su deseo, el Gobierno se vio obligado a establecer nuevas restricciones. Pero no fue un cierre total por dos semanas como pedían los sanitaristas más preocupados. No pudo ser de otra manera al menos por dos razones. Una es que el Gobierno fue perdiendo autoridad con antecedentes poco felices como la organización del masivo velorio del ídolo futbolístico Diego Maradona a fines del año pasado.

Pero fundamentalmente pesó en la decisión oficial la convicción que una restricción severa hubiera sido desobedecida por gran parte de la población (harta tras el encierro más largo del mundo que tuvimos el año pasado). Un dato interesante es que la valoración positiva del gobierno se derrumbó más entre los jóvenes que el promedio de la población, justamente en el segmento etario que más se rebeló contra las medidas de aislamiento.

En abril de 2020 -en el pico de la popularidad del oficialismo- el 77% de los jóvenes (entre 16 y 29 años) valoraba positivamente la gestión de Alberto Fernández cuando ahora menos del 19% la califica de esta manera, según la última encuesta de Synopsis. Para el promedio de la población la valoración positiva cayó de 64% en abril 2020 a 27% el mes pasado.

Y, por si fuera  poco, en un contexto en el que “la economía no aguanta” nuevas restricciones, como reconoció el propio ministro de Economía, Martín Guzmán.

La inflación todavía no cede

Precisamente una mejora en el clima económico es la principal carta que juega el Frente de Todos para lograr un buen resultado en las cruciales elecciones de medio término. Las cifras sobre actividad económica vienen dando favorables resultados, pero el tema que más inquieta a las autoridades en lo inmediato es la persistencia de una elevada inflación.

La mayoría de las consultoras privadas calculó en cerca de 4% la suba del índice de precios correspondiente a marzo. Y la tendencia sigue: las mediciones de Eco Go arrojan que en la primera semana de abril los precios de los alimentos vienen avanzando a un ritmo mensual de 4,2%. Entre los productos que más subieron se encuentra la carne vacuna -los cortes delanteros se encarecieron 8,2%-, es decir el asado está cada vez más lejos de la mesa de los argentinos. En tanto, el consenso de las consultoras que registra el REM, prevé una suba de 3,4% para abril.

Las proyecciones privadas auguran un aumento del índice para el presente mes por encima del 3% (algunas proyectan cerca de 4%). Recientemente se decidieron subas en las prepagas, aumentos en los taxis y el subte (Capital Federal) y, entre otros ajustes, YPF anunció un incremento de 15% en las naftas a aplicar hasta mayo. Cabe señalar, además, que a fines del mes pasado dejó de tener vigencia el decreto que congelaba los precios de los alquileres, en tanto se calcula que las expensas aumentarán entre 5 y 7% como consecuencia del aumento en los sueldos de los encargados de edificios. También se actualizaron 10% los salarios del personal doméstico.

En este contexto, el viernes pasado la Secretaría de Comercio Interior resolvió “intimar a las grandes empresas de los sectores de comercio e industria, a fabricar, distribuir y comercializar al máximo de su capacidad instalada, mientras persista la emergencia sanitaria”. Las autoridades señalan que “se tomó esta medida luego de advertir la existencia de situaciones de escasez de insumos y bienes finales que son particularmente perjudiciales en la coyuntura de emergencia sanitaria”.

“El Gobierno no tiene en cuenta que en buena medida el abastecimiento está afectado por los problemas que tenemos para importar porque el Banco Central no nos da las divisas”, fue una de los primeros comentarios de los empresarios.

Ante la suba de los precios, la titular de Comercio, Paula Español declaró que no le temblaría el pulso si tuviera que cerrar las exportaciones de carne. En el sector ganadero, estas afirmaciones recordaron a la época de Guillermo Moreno “cuando por las restricciones perdimos casi 12 millones de cabezas”.

Desde una mirada más de fondo, los hombres de negocios están seriamente preocupados por el clima adverso a la inversión que, sostienen, se vive en el país. Son muchas, señalan, las medidas contra las empresas, entre ellas la suba en el impuesto a las Ganancias, los aumentos en ingresos brutos en las provincias, la prohibición de despidos o la doble indemnización para los despidos “acordados” o con “justa causa”.

“Hace tiempo que la Argentina dejó de estar en el radar de los inversores extranjeros y cada vez son menos los locales que se animan a enterrar dinero en el país”, señaló a Data Clave el máximo directivo de una gran empresa. “Con estas medidas lo único que logran los funcionarios es que cada vez queden menos empresas en la Argentina, es decir que se reduzca la oferta y por lo tanto los precios sigan siendo elevados”. Y agrega, resulta “contradictorio que un gobierno que dice promover a las pymes termina favoreciendo que solo las grandes compañías puedan subsistir”.

Veranito

Mientras tanto, los operadores señalan que se vive un “veranito” en el mercado de cambios que no se observa -salvo imprevistos- vaya cambiar en lo inmediato. En este sentido juegan los precios altos de las materias primas – pese a las menores cosechas, este año se recibirían entre 6.000 y 8.000 millones de dólares adicionales -, la abultada liquidación de divisas por parte de los exportadores de granos y efectos coyunturales como los dólares que ingresan quienes deben pagar el impuesto a la riqueza.

De esta forma, en marzo el Banco Central pudo adquirir el mes pasado unos 1.500 millones de dólares. Sin embargo, el aumento en las reservas netas de la entidad no fue proporcional ya que parte de estos fondos se destinaron a pagar compromisos con organismos internacionales y a intervenir en el mercado para contener la brecha cambiaria.

En la actualidad las reservas netas sumarían entre 3.500 y 4.000 millones de dólares, según distintas estimaciones privadas, es decir un nivel extremadamente bajo (un mes de importaciones).

Sin embargo, las autoridades parecen decididas a utilizar al tipo de cambio como un factor de contención de la inflación. En esta semana el BCRA ajustó sólo 5 centavos por día el dólar oficial, es decir a una tasa mensual de 1,6%, muy por debajo de las proyecciones de inflación.

Si el Gobierno persiste con esta política de frenar la suba del dólar, mantener pisadas las tarifas y contener las demandas salariales (los convenios rondan el 30%) no debería extrañar una cierta desaceleración en el ritmo de aumento de los precios en los próximos meses, pero a costa de asumir riesgos importantes, según coincide la mayoría de los economistas.

Si bien no el país no tiene pagos que afrontar con los acreedores privados este año, si tiene compromisos con organismos multilaterales. En mayo vencen 2.400 millones de dólares de deuda (capital e intereses) con el Club de París -el ministro Guzmán está tratando de postergar nuevamente este pago-.

En esta semana se conocieron declaraciones del director del Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional, Alejandro Werner, reconociendo que el Gobierno argentino preferiría pasar para después de las elecciones un acuerdo con el FMI. De ser, los cerca de 4.400 millones de dólares que recibirá el país como consecuencia de la ampliación del capital del Fondo (Derechos Especiales de Giro) deberían ser destinados a pagar los compromisos que vencen este año con el Fondo (casi 5.000 millones de dólares), es decir no engrosarían las reservas en divisas del país como sería la intención del Palacio de Hacienda.

Los riesgos se concentrarán en el tercer trimestre del año, advierten los economistas. En ese momento menguará el ingreso de dólares del campo, habrá importantes vencimientos de deuda en pesos y se sumará la incertidumbre política derivada de las elecciones. Demasiados frentes para una economía frágil.