“Sin lugar a dudas quienes se vacunan obtienen un beneficio individual y aportan a un beneficio colectivo; ellos tienen que tener una ventaja con respecto a quien decide no vacunarse. Pero en esta etapa no es la mayoría ese grupo”, dijo Carla Vizzotti hace unas semanas. La incertidumbre que ha generado la pandemia en los marcos normativos de la convivencia social han pasado por muchos ámbitos y con la vacunación y las posibles bajas restricciones, empieza a llegar al mundo laboral.

Los empresarios olfatean el final definitivo para sus cronogramas de trabajo y empujan un debate para nada novedoso en el mundo actual. ¿Qué hacer con los que no quieren vacunarse y ponen en riesgo la posible vuelta a la normalidad? El presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Daniel Funes de Rioja, responde a esa preocupación y propone que quienes vuelvan al trabajo de manera presencial deberán estar vacunados “y si no quieren, no podrán ingresar. La lógica es que no ingrese y, en ese caso, cesa la dispensa".

Este miércoles, el sindicalista y diputado nacional del Frente de Todos, Hugo Yasky, criticó el planteo de Funes de Rioja, y sostuvo que “los sindicatos van a tomar esto en sus manos y lo van a resolver. No van a permitir que los empresarios dejen sin salario a un trabajador”, puntualizó.

Por su parte, el también diputado del Frente de Todos, pero en uso de licencia por su cargo en el BICE (Banco de Inversión en Comercio Exterior), José Ignacio De Mendiguren coincidió con la unión industrial y calificó a la propuesta como “un tema para analizar”, y pidió “incentivos” para promover la inoculación entre los trabajadores.

“No hay que asociarse con la precarización y el desempleo. Queremos proteger al que está trabajando. Estoy de acuerdo con la obligación de la vacunación porque hay un bien social que es la salud y está por encima de todos los temas personales”, dijo en CNN Radio.

Hector Recalde, abogado laboralista y ex diputado nacional del Frente para la Victoria, explicó en exclusiva a Data Clave que no hay legislación al respecto y la propuesta entra en un terreno opinable. Calificó como atendible la propuesta en el marco de que debe primar “la buena fe” y el resguardo de la salud colectiva como primera medida.

“El tema merece alguna reflexión, puede ser que haya algún trabajador que por cuestiones religiosas o alguna razón similar, tenga el derecho a no vacunarse, ahora el empresario tiene derecho a preservar el interés colectivo de los otros trabajadores”, consideró el abogado.

“Se puede mantener el contrato de trabajo pero sin percibir el salario, en este caso las posiciones son encontradas porque no hay una norma. Y es un tema dudoso, y cuando el tema está en duda, el principio de derecho laboral es estar a favor del trabajador”, agregó Recalde.

En este sentido, remarcó que “si el trabajador tiene una razón poderosa se puede entender, pero no si es una excusa para no ir a trabajar, la ley de trabajo obliga a empleadores y empleados a actuar de buena fe”, sintetizó. 

Consultado por qué pasaría en un escritorio judicial dado el caso de un salario no pago por no querer vacunarse, Recalde afirmó que seguramente el juez tenga las mismas dudas que presenta la discusión. La Justicia tendrá que indagar las razones que tiene un empleado para no vacunarse y afirmó: “Todo es opinable, pero en términos normativos, la salud colectiva debe primar”.

“No es un debate para el blanco o negro, hay que discutir con algunas premisas, la buena fe y la salud colectiva”, consideró el abogado y apuntó que “seguramente los sindicatos van a buscar defender a los trabajadores porque ese es su rol”, cerró.