El ministro de Defensa, Luis Petri, anunció esta mañana en conferencia de prensa que en las próximas 24 horas llegarán efectivos de las Fuerzas Armadas a Rosario para “hacerle la vida imposible a los que cometen delitos contra los ciudadanos de bien”.

El anuncio lo realizó junto a la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, y el intendente de Rosario, Pablo Javkin, para poner en macha el comité de crisis para hacer frente a la ola de violencia que afecta a esa ciudad, sacudida por una serie de homicidios durante la última semana.

Petri explicó que las tareas de los militares estarán encuadradas en la Ley de Seguridad Interior, que no les permite cumplir funciones policiales. Por eso explicó que se destinarán a tareas logísticas, como traslados de efectivos policiales, por ejemplo, o transporte de equipos.

En la conferencia de prensa, Petri destacó que “cuando la paz está en peligro es cuando se hace necesario el auxilio” y por este motivo se hará efecto a la Ley de Seguridad para “para salir con toda la potencia a reprimir a quienes los cometen”.

“En las próximas 24 horas van a estar llegando personal de las Fuerzas Armadas, vehículos, transportes, ingenieros, logística, comunicaciones para posibilitar, auxiliar y cooperar tanto con las Fuerzas de Seguridad Nacional, como provincial”, indicó.

A su turno, Bullrich dio a conocer una serie de medidas: "Vamos a pedirle a la Justicia la utilización de la Ley Antiterrorista y enviar al Congreso la Ley Antimafia o Antibanda contra el crimen organizado para que cada integrante tenga la misma pena”.

Se refirió a lo que en Estados Unidos se conoce como Ley Rico, que permite acusar a todos los miembros de una organización criminal por todos los delitos que se le adjudican, más allá de la participación inviduales de cada uno.

La ministra dijo que se enviarán efectivos de las fuerzas federales para “generar saturación en las zonas de trabajo de alto riesgo". Para ello habrá equipos especiales de investigación para “armar el árbol genealógico de las bandas que atacan Rosario”.

La ministra también le pidió a la Justicia medidas excepciones mientras se debaten la ley por lo que "solicitamos apoyo de Diputados y Senadores en estas leyes para un cambio real. Hay que terminar con el hormiguero y no ir hormiga por hormiga porque si no ganamos nunca. La idea es hacerles la vida imposible”.

“Queremos también trasladar a presos de alto riesgo a cárceles federales", agregó la ministra. "Estamos trabajando en un nuevo diseño, más fuerte, más a fondo, que va a llevar al encerramiento de todos y cada uno de los miembros de estas bandas narco. Vamos a pedirle a la Justicia el uso de la Ley Antiterrorista", indicó.

Bullrich leyó su discurso en la conferencia de prensa.

“El Presidente tiene un total  absoluto compromiso, no nos van a doblar. No vamos a dejar que Rosario sea gobernada por el narco terrorismo. Vamos a proteger la vida de todos los ciudadanos con todas las fuerzas que tenemos. Necesitamos el acompañamiento de todos”, dijo la ministra.

El gobernador Pullaro dijo a su turno que la ola de violencia se inició en diciembre, apenas asumió en su cargo, cuando comenzó a recibir amenazas contra su familia. Y sostuvo que se incrementó luego de que se endurecieran las condiciones de detención de los presos acusados de delitos graves.

En esa línea recordó que hay una recompensa de 10 millones de pesos para quienes aporten información sobre los últimos hechos, con el objetivo de llegar a los autores intelectuales de los últimos crímenes.

En tanto, Pullaro expresó su dolor por los crímenes: “Llevamos horas de profundo dolor que nos conmocionaron, con lo cual la solidaridad y abrazo a los familiares que por estos ataques cobardes perdieron la vida rosarinos que estaban trabajando para llevarle el alimento a su familia”.

“Les sacamos todo y no reaccionaron, ahora que se les achicó su negocio generaron estos actos cobardes. Les desespera perder el control”, enfatizó.

Además, el gobernador confirmó que, para dar con los autores materiales de los asesinatos y ataques, se ofrece una recompensa de $10 millones: “Queremos saberlo todo”.

“Van a pasar toda su vida pudriéndose en la cárcel porque todos van a recibir prisión perpetua”, señaló y sostuvo: “No podemos retroceder”.