Tras su nueva reaparición pública, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner solicitó, a través de sus abogados,  que se detenga a Jonathan Morel, Gastón Guerra y Leonardo Sosa involucrados en la causa denominada Revolución Federal. Además pidió nuevas medidas de prueba y reclamó a la Cámara Federal que se unifique el expediente con la investigación por el atentado contra su vida.

La querella baraja la hipótesis de la contratación de un sicario por parte de los integrantes de Resolución Federal, como también supuestas tareas de inteligencia de Guerra y Sosa en el edificio del barrio de la Recoleta.

El pasado 19 de diciembre, fueron cargados al sistema una serie de informes realizados por la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA). Con esa prueba, la exmandataria destacó la “evidente cercanía entre la conducta de los miembros de Revolución Federal y sus allegados con el atentado sufrido el 1 de septiembre”.

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También apuntó contra su vecina, Ximena de Tezanos Pintos, quien mantuvo conversaciones con Guerra. Este último declaró que simplemente lo había contratado para unos trabajos en su hogar.

“Esto es especialmente relevante, dado que las fechas en las que Guerra, al que también se sumó Sosa, estuvo en el domicilio de De Tezanos Pinto coinciden con el momento en el que Sabag Montiel y Brenda Uliarte estaban en las inmediaciones de Juncal y Uruguay esperando el momento preciso para atentar”, expresó los abogados José Ubeira y Marcos Aldazabal en la presentación.

Resaltó, asimismo, que Guerra hablaba con De Tezanos Pinto de sus movimientos y que los integrantes de la agrupación hablaron de la “necesidad” de vecinos de la zona para poder atacarla. “Más allá de la situación de la vecina de la Vicepresidenta, lo central de lo dicho hasta aquí son los constantes paralelismos entre el accionar de Revolución Federal y el de los ejecutores del atentado”, concluyeron los letrados.