La Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, con los votos de los jueces Manuel Díez Selva y Silvia Pinto Varela, ratificó una sentencia de primera instancia que declara la inconstitucionalidad del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023 en lo que respecta a los artículos 86, 87, 88 y 97. La decisión fue tomada en el marco de una acción iniciada por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA), quien argumentó que dichos artículos vulneraban derechos fundamentales de los trabajadores y los sindicatos.

El DNU 70/2023, promulgado en diciembre de 2023, había introducido significativos cambios en la normativa laboral, incluyendo la posibilidad de que las asociaciones sindicales convocaran asambleas y congresos sin afectar las actividades normales de las empresas. Además, imponía restricciones severas a los bloqueos o tomas de establecimientos, consideradas como infracciones muy graves. Estas medidas fueron vistas como un intento del gobierno de limitar el poder de los sindicatos en momentos de creciente conflictividad laboral.

La sentencia de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo se basa en la jurisprudencia establecida por la Corte Suprema respecto a los requisitos constitucionales para la emisión de un DNU. Los jueces determinaron que no existía una urgencia tal que justificara la omisión del proceso legislativo regular. En su análisis, destacaron que el Congreso había sido convocado a sesiones extraordinarias desde el 26 de diciembre de 2023, lo que evidenciaba que no había impedimentos para tratar las reformas en un ámbito parlamentario adecuado. Además, subrayaron que el mismo día en que se publicó el DNU, la Unión Cívica Radical presentó un proyecto de ley "espejo" que proponía las mismas modificaciones, lo que refuerza la idea de que el Ejecutivo pudo haber optado por el camino legislativo tradicional en lugar de recurrir a un decreto de emergencia.

La acción judicial iniciada por CTERA no fue la única contra el DNU 70/2023. La Confederación General del Trabajo (CGT) también había presentado una demanda que fue admitida por la justicia en paralelo, lo que llevó a la apertura de la feria judicial para tratar el tema. La Cámara de Apelaciones, al fallar en este caso, también señaló que la reforma laboral promovida por el gobierno, incluida en el DNU, afectaba derechos constitucionales y ponía en riesgo la estabilidad de las relaciones laborales en el país.

La decisión representa un importante revés para el gobierno de Javier Milei, que ha enfrentado múltiples desafíos legales relacionados con su intento de desregular la economía y modificar las condiciones laborales. Además, pone de manifiesto las tensiones entre el Ejecutivo y el Poder Judicial en un contexto de creciente polarización política y social.

En cuanto al futuro del DNU 70/2023, se espera que la batalla legal continúe, ya que el gobierno podría recurrir la decisión de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo y llevar el debate a la Corte Suprema. Mientras tanto, los sindicatos y otras organizaciones sociales continuarán vigilando de cerca cualquier intento del gobierno de avanzar con reformas que consideren perjudiciales para los derechos de los trabajadores.